El opositor venezolano Rolando Figueroa suplica a España que reconsidere su extradición: «Es un tema de vida o muerte»

La batalla legal de Figueroa se remonta a 2018, cuando la Justicia venezolana pidió su extradición por, supuestamente, haber estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios. La presunta víctima habría pagado más de 200.000 dólares sin recibir tratamiento alguno, de acuerdo con el relato recogido en la resolución del Ministerio de Interior, al que ha tenido acceso Europa Press.

Su extradición quedó aprobada en julio de 2020 pero, por problemas logísticos relacionados con la pandemia, no llegó a materializarse. Un año después se reactivó. Figueroa pasó unos meses encarcelado en Teixeiro (Coruña) hasta que salió en libertad condicional después de que su entrega quedara suspendida por esta segunda petición de asilo.

El pasado 12 de abril, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le negó nuevamente el asilo por las mismas razones que la primera vez: «No hay datos para apreciar que el solicitante desarrollase una actividad relevante de oposición política ni que haya sido víctima de cualquier forma de represión o persecución por tal motivo».

Interior entiende que tuvo una participación política «limitada y común», de modo que «su situación personal no difiere de lo que ocurrió y ocurre actualmente en Venezuela, un clima de crispación política en el que no comulgar con las ideas del Gobierno sitúa a los ciudadanos venezolanos en ese gran contingente de los llamados ‘opositores'».

«Ello en sí mismo no deja de ser un reflejo de un clima político polarizado, sin que el simple hecho de ser llamado ‘opositor’ y ser víctima por ello de amenazas genéricas por parte de grupos afines al régimen de Maduro suponga una persecución singular y concreta que permita inferir respecto de todas las personas que no comulgan con el ideario del Gobierno (que) están en necesidad de protección internacional», concluye el Ministerio.

Esta última denegación de asilo podría reavivar la extradición, aunque el bufete Ismael Oliver Abogados, que ha asumido la causa ‘pro bono’, trabaja ya en varios recursos, tanto en la vía administrativa como en la judicial. «Mi detención y entrega a las autoridades venezolanas puede ser inminente», resume Figueroa, en una entrevista con Europa Press.

«COMPLETAMENTE DEVASTADO»

Figueroa dice que se encuentra «completamente devastado» pero también «esperanzado» porque confía en que las autoridades españolas repasen su caso para llegar a una conclusión distinta, mostrándose deseoso de aportar cualquier información que puedan necesitar «y terminar de pasar por esta pesadilla». Con ese objetivo, esta misma semana se ha reunido con la adjunta al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez Becerril, para contarle su situación.

«Señores, esto hay que volverlo a leer», insta. En primer lugar, porque se declara «totalmente inocente». La supuesta víctima de la presunta estafa es Mayerling Rojas, vinculada al aparato oficialista y con la que coincidió cuando ambos trabajaban en el Ministerio de Interior y Justicia, él como director general de Justicia y Cultos y ella como directora general de Derechos Humanos.

«Desde un principio fui tildado de escuálido, así se llama a una persona que no es afecta al régimen, que no es un ‘madurista’, que no se doblega a las exigencias que ellos hacen», describe. En su caso, cree que los señalamientos vinieron porque desde su puesto gestionaba, precisamente, las extradiciones y frenó «muchísimas persecuciones», sobre todo a estudiantes que habían participado en protestas opositoras.

«Me gané muchos enemigos», afirma. De acuerdo con Figueroa, empezaron reprochándole que no fuera a mítines ‘chavistas’ y la presión alcanzó tal punto que dejó su cargo. Pero las «amenazas» no habrían quedado ahí. Así indica que Rojas llegó a infiltrarse en las multitudinarias manifestaciones que se produjeron contra Maduro en los años siguientes a la muerte de Hugo Chávez para identificarle como claro opositor. «Me dijo: ‘Sabíamos que eras un traidor a la patria'», recuerda.

En este contexto, asevera que la presunta estafa no es más que «una artimaña» ideada por Rojas, a la que incluye en el «cártel» de Maduro, para destruirle. «Son hechos completamente infundados», con un nivel de «incongruencia» que los hacen «novelescos», insiste, para aclarar que solo era asesor legal de la empresa denunciada. «Es una causa para perseguirme políticamente», zanja.

«AL PISAR VENEZUELA, YO SOY TORTURADO»

En segundo lugar, advierte de que «esto es un tema de vida o muerte». «De ser metido en un avión, al pisar Venezuela yo soy torturado (…) No se sabrá más nunca nada de mí», sostiene sin ninguna duda, hablando directamente de que «existe un riesgo latente de muerte» porque denuncia que el país funciona ya como un «narco-régimen» donde «no hay separación de poderes».

«No me están entregando a un país de Schengen, no me están entregando a un país donde se respeten los Derechos Humanos y se garantice un debido proceso (…). Todos los funcionarios del Gobierno están sancionados por Europa y perseguidos en Estados por narcotráfico», recalca.

De hecho, alerta de que los familiares que aún tiene viviendo en Venezuela «son amenazados constantemente». Y todo, incide, porque era algo más que un militante de base. «Yo soy un opositor», reivindica. Primero se unió a las filas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para integrarse finalmente en Voluntad Popular (VP), uno de los partidos políticos que integraban la plataforma disidente.

Así lo acreditan dos cartas –de miembros de VP y La Causa R, otro partido opositor–, las cuales forman parte de la documentación aportada por Figueroa; y el líder de VP, Leopoldo López, con quien también se ha visto esta misma semana en Madrid para exponerle su caso.

Se incorporó a la oposición atraído por la idea de «construir un país completamente nuevo». Él, como abogado de profesión, ayudó en la elaboración del denominado Plan País para abordar una «reforma estructural de todas las leyes», aunque también hacía trabajo de calle difundiendo el mensaje de VP en los barrios. «Todos nos remangábamos (…) esto era un trabajo de hormiguita», narra.

Siente que al negarle el asilo ha sufrido una especie de «discriminación» por «no ser la cara visible de un partido político», cuando tuvo que salir de Venezuela tras la gran manifestación del 5 de junio de 2017 en Caracas, donde «hubo ejecuciones extrajudiciales» y fue identificado. Desde entonces, cuando no había investigación alguna en su contra, ha vivido en Galicia junto a su mujer, de nacionalidad española, y sus dos hijos menores, también españoles.

«Hemos vivido cinco años de muchísimo dolor (…) solo porque los tentáculos de un régimen corrupto llegaron aquí, a la Audiencia Nacional, y soy víctima de persecución», dice, lamentando tener que librar lo que define como una lucha de David contra Goliat: «Nos estamos enfrentando a un monstruo de mil cabezas».

Figueroa enfatiza que su único delito ha sido «pensar distinto» y por eso espera que la decisión sobre su asilo pueda ser «revisada y revertida». «Sigo creyendo fervientemente en la Justicia de este país, en las instituciones políticas de este país, en el Estado de Derecho y en la democracia que hay en España y lo seguiré creyendo hasta el final», declara. «Yo lo que quiero es vivir en paz con mi familia, más nada».

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