Frontera de Venezuela
«Es algo que siempre ha debido pasar. Ningún modelo económico próspero se sostendría con el empresariado en contra sin que el resto del país pague las consecuencias. Me parece bien que el Gobierno entienda que es imposible enfrentar este tema del bloqueo satanizando a los empresarios. Y que los empresarios entiendan que trabajar por el bien común no es ser chavista», expresó Indira Henao, 48 años, trabajadora de la administración pública.
Las relaciones entre Fedecámaras y el Gobierno se vieron afectadas luego de la participación de esa organización en el paro nacional del 2002, que luego desembocó en el golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez (1998-2013).
Tras el distanciamiento, los primeros acercamientos se dieron en enero este año cuando los integrantes de esa federación se reunieron con la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista).
En ese encuentro, los empresarios entregaron un documento con propuestas relacionadas al área económica y de salud, en el que indicaron que «el país demanda con urgencia un cambio de modelo que permita recuperar la confianza que tanto necesita la economía para apalancar un desarrollo sostenible, sobre todo después de la pandemia, siendo obligación de todos procurar ese país próspero, incluyente y productivo que exigen los venezolanos».
Para Ana Carrillo, una contadora pública de 39 años, la reactivación de las relaciones entre el Gobierno y Fedecámaras puede traer avances económicos, que beneficiarían a los ciudadanos de ese país sudamericano.
«Pienso que ambos sectores (Gobierno y empresarios) se dieron cuenta que para que el país avance deben trabajar en conjunto, ojalá hagan cosas para beneficiar a los ciudadanos. Era necesario que se pusieran de acuerdo porque la gente ya no soporta más esta crisis económica que nos golpea a todos», comentó en conversación con esta agencia.
Seis meses después de los primeros acercamientos entre los empresarios y representantes del parlamento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asistió a la asamblea anual de Fedecámaras, un hecho calificado como histórico por la federación empresarial.
En esa asamblea, ambos sectores acordaron establecer una mesa de trabajo para impulsar la producción en el país, pues el Gobierno busca que el sector privado pueda sustituir productos importados por nacionales.
El diputado y economista Tony Boza, en conversación con Sputnik, recordó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha estado abierto al diálogo con todos los sectores.
«El hecho de que hoy un sector tan importante como el sector privado, Fedecámaras, busque el diálogo es un hecho que hay que celebrar porque implica que los sectores van a influir en los mismos propósitos expresados en el Plan de la Patria (programas del Gobierno), todos los avances que tengamos van a ser en beneficio de la mayoría», indicó.
Boza, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), manifestó que el sistema financiero tiene que aprovechar esta coyuntura para relanzarse.
«Que no se quede solo en las grandes empresas, sino en las medianas y pequeñas que de acuerdo a las propias cifras de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) son las que generan mayor cantidad de empleo formal», acotó.
El parlamentario señaló que los empresarios que se han quedado en el país necesitan un reimpulso de la línea crediticia, para lo cual, dijo, el Gobierno está generando respuestas en la cartera productiva, comercial, agroproductiva en función de reactivar la economía.
Por ahora, uno de los primeros pasos que han dado ambos sectores fue la instalación del Consejo Superior de Economía Productiva, que de acuerdo al Gobierno, busca «incrementar la producción nacional, para así enfrentar y derrotar las consecuencias del bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela».
Entretanto, el Gobierno y Fedecámaras tienen cifradas sus esperanzas en la mesa de dialogo que se instalará entre el Ejecutivo y la oposición en México, con el apoyo de Noruega, en la cual el Ejecutivo exigirá el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos.
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