Desde principios de junio, Uruguay está bajo una masa de frío polar que ha provocado temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero.
Como todos los años, las autoridades anunciaron con antelación la puesta en marcha del denominado Plan Invierno, que entre otros puntos establece la ampliación de las camas disponibles en refugios nocturnos.
Así y todo, ocho personas en situación de calle murieron en todo el país en poco más de tres semanas.
Aunque todavía no está claro si todas fallecieron por hipotermia, la oposición convocó al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien el martes -cuando eran siete las personas fallecidas- dio explicaciones ante una comisión parlamentaria.
La comparecencia, sin embargo, no satisfizo a los partidos opositores.
La octava muerte se registró este miércoles en el departamento de Canelones (sur) y desde el Partido Nacional (PN, centroderecha) y el Partido Colorado (centroderecha), analizan una posible interpelación al ministro.
CENSO
Para la socióloga Fiorella Ciapessoni, que se ha especializado en el estudio de la población en situación de calle, la ola de frío expuso una «crisis» que se viene gestando en los últimos años.
«El problema, evidentemente, nos explotó a la cara. Es una crisis social innegable. Es una problemática que requiere más que la acción de un sólo ministerio. Requiere una política de largo plazo, interinstitucional, que pueda empezar a revertir las consecuencias que tiene para una persona atravesar la experiencia de la calle», dijo la académica a la Agencia Sputnik.
De acuerdo a un conteo realizado en 2023 por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sólo en la capital, Montevideo, hay 2.756 personas en situación de calle, un incremento del 24 por ciento con respecto a la anterior medición, realizada en 2021.
El último censo nacional, realizado en 2023, encontró que había 3.500 personas en situación de calle en todo el país.
De todas maneras, Civila reconoció el martes que la problemática va en aumento, por lo que va a ser necesario hacer un nuevo conteo a la brevedad para tener una estimación más certera de la cantidad de gente que vive a la intemperie.
El fenómeno, que antes estaba centrado en Montevideo y la zona metropolitana, está creciendo en el interior del país, donde hay 900 personas que viven en la calle y se atienden en los servicios del Mides, explicó el ministro.
De acuerdo al último conteo realizado por la cartera, «la población en situación de calle está conformada mayormente por varones en edades jóvenes o adultas, y con sobrerrepresentación de poblaciones tradicionalmente discriminadas (afro, indígenas y trans)».
Asimismo, el estudio señala que la mayoría de los encuestados menciona la «ruptura de vínculos» como el motivo principal que provocó su pérdida de vivienda; le siguen las adicciones y la insuficiencia de ingresos.
Además, el 52,9 por ciento de los encuestados declaró haber estado privado de libertad en algún momento y uno de cada tres estuvo o está bajo tratamiento por salud mental.
REFUGIOS
Para atender a esta población, el Mides creó nuevos refugios nocturnos y amplió los cupos en los ya existentes.
De hecho, los lugares disponibles alcanzaron una cifra récord en la última semana.
Medidas de este estilo son tomadas año a año por todos los Gobiernos y nunca resulta suficiente para evitar muertes.
El problema es que este sistema de refugios no logra captar a toda la población en situación de calle.
Pese a que la infraestructura y los servicios que brindan estos locales mejoraron en esta administración, los usuarios están expuestos a una «convivencia forzada» con otras personas en situación de calle, denuncian robos, superpoblación y falta de personal, señala Ciapessoni.
En ese contexto, para muchos es mejor permanecer a la intemperie.
ALERTA
Sin poder captar a buena parte de la población en situación de calle y en medio de un creciente malestar político por las muertes ocurridas en las últimas tres semanas, el Gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, ideó una alternativa.
El martes 23 de junio el Poder Ejecutivo emitió una alerta pública de nivel rojo por las bajas temperaturas.
La medida, amparada en la Ley de Creación del Sistema Nacional de Emergencias, permite la «evacuación obligatoria de personas y animales» en el «marco de una alerta o del estado de desastre», ya sea por su «ubicación geográfica» o sus «características grupales».
La normativa incluso permite la evacuación por la fuerza «dando cuenta de inmediato a la Justicia».
Es la primera vez que en Uruguay se utiliza una alerta de este tipo para evacuar gente en situación de calle.
«El concepto con el que venimos trabajando es el concepto de ‘inundación de frío». Si hay una inundación de frío hay que buscar un lugar de salida, que es un lugar climatizado; ese es el concepto de evacuación. Con ese concepto se trabajó y hubo mucha gente que accedió», explicó Civila a la radio local Radiomundo.
Con esta medida, los servicios del Mides pasaron de captar 2.100 personas a alcanzar a 2.800, detalló el ministro.
INTERNACIÓN COMPULSIVA
La alerta dispuesta por el Ejecutivo surge luego de que la oposición reclamara la aplicación de la Ley de Internación Compulsiva, una norma aprobada en la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025).
La ley habilita a trasladar sin consentimiento a personas en situación de calle completa cuya «capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas».
Para concretar la internación, las autoridades necesitan un informe médico que indique que la persona «presenta un riesgo inminente para sí o para terceros o que el hecho de no trasladarlas» pueda «determinar un deterioro considerable de su salud».
La diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, aseguró el martes en rueda de prensa que el Gobierno se «amputó la utilización de esta herramienta» para «salvar vidas», ya que entiende que parte del oficialista Frente Amplio (FA, centroizquierda) se opuso por razones ideológicas a la aprobación de esta norma en la administración anterior.
El director nacional de protección social del Mides, Daniel Gerhard, dijo a esta agencia que la cartera realizó cerca de 200 llamadas al servicio de emergencia médica pública solicitando la evaluación de un profesional para aplicar la ley de internación compulsiva.
Sin embargo, la gran mayoría de esas llamadas no desembocó en un traslado forzoso, porque el médico actuante se pronunció en contrario.
En ese sentido, «la alerta de nivel rojo es más abarcativa, porque no depende de un informe médico para poder evacuar a las personas. Además, puso a una mayor parte del Estado a trabajar en esta emergencia, porque los equipos del Mides salen ahora con la Policía. Necesitábamos más herramientas porque el Plan Invierno, por más de que sea récord, no era suficiente», señaló el funcionario.
Ciapessoni entiende que la declaración de alerta es menos perjudicial para las personas en situación de calle que la aplicación de la Ley de Internación Compulsiva.
«Esa norma lo que hace es criminalizar y penalizar el lugar donde las personas duermen y viven. Eso erosiona cualquier tipo de vínculo que la persona pueda llegar a tener con los servicios sociales y de salud, complicando su reinserción. Creo que declarando la alerta el Estado logró convencer a las personas desde otro lugar, alertando sobre los peligros de dormir en la calle con tan bajas temperaturas», opina la socióloga.
MEDIDAS DE FONDO
Ciapessoni entiende que más allá de tener una política de refugio se precisan respuestas tempranas para prevenir que una persona termine viviendo a la intemperie.
«Los refugios son una medida paliativa que se transformó en permanente. No se ha logrado tomar medidas más de fondo. Además, es un sistema muy caro y va en contra de fomentar la autonomía de las personas», explica la socióloga.
Ciapessoni entiende que hay que atacar fallas «estructurales» como la pobreza, la falta de acceso a vivienda, la violencia familiar y el alejamiento del sistema educativo.
Para ello, se debe profundizar en algunas iniciativas que comenzaron de forma incipiente en administraciones anteriores.
Por ejemplo, el programa Vivienda con Apoyo, que prioriza la entrega de una solución habitacional para luego ir resolviendo los otros problemas que tenga la persona, como el consumo problemático de sustancias.
Además, se necesita mejorar en la generación de oportunidades de trabajo para personas que salen de las cárceles o atender tempranamente situaciones de desalojo por el no pago de alquiler, dice Ciapessoni.
Gerhard, por su parte, afirma que la cartera tiene la voluntad de continuar todos los programas piloto que vienen de la anterior administración, pero que este año el Mides se tuvo que mover en un «marco de restricción presupuestal».
El funcionario agregó que en agosto la cartera convocará a un «diálogo» interpartidario y con la sociedad civil para acordar medidas de largo plazo que atiendan a la población en situación de calle.
