Bandera de Uruguay
Este país celebrará dos plebiscitos el mismo día de las elecciones generales este domingo. Y no es nada nuevo. Los uruguayos están acostumbrados a acudir a votar a su nuevo presidente y legisladores y, a la vez, expresarse en plebiscitos (consultas sobre una iniciativa de reforma constitucional) o referendos (para ratificar o rechazar una ley o decreto) sobre asuntos que acaparan la agenda política.
Los partidos y las organizaciones sociales, a su vez, no dudan en buscar los votos necesarios en el Parlamento o recolectar firmas entre la ciudadanía para activar mecanismos de democracia directa. Esto, según analistas consultados por la Agencia Sputnik, le otorga «legitimidad» a las políticas públicas y «oxigena» el sistema político uruguayo.
«Uruguay se caracteriza por realizar un gran número consultas populares, particularmente si lo miramos de cerca en el contexto latinoamericano (…) No hay otro país en América Latina que tenga esta facilidad para orquestar, sea por parte de los ciudadanos o de los grupos políticos, elecciones directas de esta naturaleza», dijo a la Agencia Sputnik el politólogo David Altman, profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En la misma sintonía, el politólogo y director de la consultora uruguaya Factum, Óscar Bottinelli, afirmó que estos instrumentos de democracia directa son ya una «costumbre nacional».
«Desde 1934 a la fecha ha habido plebiscito junto a todas las elecciones, con un promedio de dos por elección, con la sola excepción de dos veces en que no hubo junto con la elección (1954 y 1984)», señaló.
El 27 de octubre se realizarán dos plebiscitos, uno promovido por el gobernante Partido Nacional (centroderecha), que propone modificar la Constitución para autorizar a la policía a realizar allanamientos nocturnos en hogares, y el otro, propuesto por la central sindical única Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) sobre una reforma previsional que bajaría a 60 años la edad de retiro, aumentaría las jubilaciones mínimas y eliminaría las privadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap).
La iniciativa sindical es una respuesta, a su vez, a una reforma promovida por el Gobierno de Luis Lacalle Pou y aprobada en 2023 en el Parlamento, que elevó la edad de retiro de 60 a un máximo de 65 años.
Otras dos iniciativas que también buscaron llegar a octubre, una proponiendo concursos para los ingresos en el Estado y otra para regular los intereses de los créditos financieros, no lograron las adhesiones necesarias pero podrían hacerlo en el futuro.
Altman consideró que estas herramientas de consulta a la ciudadanía implican un «enorme beneficio» porque brinda «legitimidad a las políticas públicas».
«Creo que hay enormes beneficios en cuanto a la legitimidad de las políticas públicas. Encuentro que estas son oportunidades muy importantes para que las decisiones políticas sintonicen con los deseos de las mayorías ciudadanas. Son oportunidades que hacen que se oxigene el sistema político. (…) Genera una sintonía con la ciudadanía que evita males mayores», reflexionó.
El analista puso como ejemplo de esos males a evitar el denominado «estallido social» en Chile, una serie de manifestaciones masivas y disturbios en diversas partes de ese país entre octubre 2019 y marzo de 2020 en rechazo al modelo económico y al aumento de las tarifas del transporte público, que dejó al menos 34 muertos y miles de heridos y detenidos.
«Si en Chile hubiese existido la posibilidad de hacer un referendo contra leyes que no eran populares o que tenían altos niveles de rechazo ciudadano (…) posiblemente nos hubiésemos ahorrado el estallido social. ¿Por qué? Porque se contiene de forma institucional la bronca ciudadana, y desde esa perspectiva la democracia directa es un arma notablemente poderosa», sostuvo.
Por esta razón, el politólogo consideró que la alta capacidad de plebiscitar genera que la democracia de Uruguay sea «robusta».
«Uruguay es considerada una de las democracias de consenso más robustas que hay, no solamente en América Latina sino me atrevería a decir en todo el hemisferio sur, o incluso en el mundo occidental. Es una de las democracias donde el diálogo político lleva a moderar ciertas posturas (…) y hace que la democracia funcione razonablemente mejor», agregó.
Bottinelli, también profesor de Sistema Electoral en la pública Universidad de la República Oriental del Uruguay, recordó que la primera vez que hubo un acto de democracia directa en el país fue en 1917, cuando se aprobó la segunda Constitución.
Desde 1989, en todas las elecciones generales los uruguayos han tenido que participar de manera simultánea de alguna forma de democracia directa; desde ese año hasta la actualidad, se realizaron un total de 16 consultas, de las cuales se aprobaron solo seis.
En 1989 se aprobó un plebiscito de reforma jubilatoria, en 1992 un referendo que anuló una ley que permitía privatizar empresas públicas, en 1994 se aprobó eliminar algunas disposiciones sobre seguridad social, en 1996 se dio luz verde a una reforma constitucional modificando el proceso electoral, en 2003 se dejó sin efecto una ley que establecía la eliminación del monopolio estatal en la importación, exportación y refinación de petróleo, y en 2004 se definió el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.
En cambio, en 1989 fracasó un referendo para revocar una ley que impedía juzgar a militares por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985), en 1994 otro que fijaba el presupuesto nacional para la educación, en 1994 una reforma constitucional que habilitaba el voto cruzado entre lemas y en 1999 una prohibición de actividad política para directores de entes autónomos.
También fracasó en 2009 un nuevo plebiscito para anular la ley que impide juzgar a antiguos represores y otro para permitir el voto de uruguayos en el exterior, en 2014 no logró los apoyos suficientes una propuesta para bajar la edad de imputabilidad, en 2019 fracasó otra que proponía crear una guardia nacional para fortalecer la seguridad y en 2022 perdió un plebiscito que buscaba dejar sin efecto una «ley ómnibus» del Gobierno de Lacalle Pou.
«El uso está determinado porque muchos grupos políticos u organizaciones sociales ven allí una vía para impulsar temas que no cuentan con mayorías parlamentarias. El promedio es de dos plebiscitos conjuntamente con cada elección nacional, más algún referendo entre elección y elección», indicó.
Altman consideró que realizar referendos con frecuencia implica más beneficios que desafíos; sin embargo, reconoció que puede generar «cierto manto de inseguridad jurídica» hasta que la ley, aprobada por el Parlamento, sobreviva el tiempo necesario para que no se le pueda interponer una consulta directa.
Con respecto a algunas de las críticas que se le realizan a este instrumento por el gasto que conlleva, consideró que es «nulo y absolutamente marginal» si se lo compara con el presupuesto que maneja un país.
Por su parte Bottinelli consideró que el tema puede verse de forma positiva o negativa dependiendo de la perspectiva que se tenga.
«Los partidarios de la democracia puramente representativa lo ven como una deslegitimización de los representantes. Los partidarios de la participación popular lo ven como una forma de superar barreras que pueda poner el sistema político o las dirigencias políticas», afirmó.
Bottinelli y Altman coincidieron en que los plebiscitos son utilizados también por los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales como una «estrategia electoral» para posicionarse en las elecciones.
Asimismo, Bottinelli indicó que existe «cierta asociación» entre el voto partidario y la decisión que se adopta en el plebiscito, aunque advirtió que «no es total».
«La tendencia histórica muestra que los plebiscitos que resultan aprobados son los que cuentan con suficiente apoyo partidario, con la excepción de los dos plebiscitos relacionados con los regímenes de pensiones (1989 y 1994)», agregó.
Por otro lado, dijo que «no es clara» la repercusión de estos mecanismos de democracia directa en el resultado de las elecciones.
«A veces influyen en volcar a los grupos políticos en posiciones favorables al plebiscito, en otros juegan como elemento que frena la aprobación por enfrentarse a una fuerte oposición partidaria», agregó.
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