Gallos de pelea alojados en jaulas antes del comienzo de un combate durante un festival en Vega Baja, Puerto Rico, el 27 de octubre de 2019
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, firmó este miércoles una ley que que mantiene las peleas de gallos en este territorio libre asociado estadounidense, en desafío a una ley federal de Washington que las prohíbe.
Vázquez Garced firmó un proyecto de ley que permite continuar por cinco años más las peleas de gallos en la isla caribeña a pesar de que su prohibición iba a entrar en vigor el viernes.
«Hoy finalmente firmamos el proyecto (…) a favor de los galleros de Puerto Rico en reconocimiento de la importancia de la industria, que más allá de su aportación económica forma parte de nuestra cultura y tradición», expresó la gobernadora.
La medida contradice a la llamada «Farm Bill» de 2018, una ley firmada por el presidente Donald Trump que extiende a todos los territorios estadounidenses -Puerto Rico entre ellos- la prohibición de las peleas de gallos.
Se esperaba que la prohibición de las peleas entrara en vigor a primera hora del viernes.
La ley aprobada por Vázquez Garced prohíbe la importación y exportación de pollos y gallos para uso en las peleas. De esta manera, la industria queda solamente bajo controles locales.
En Puerto Rico se estima que unas 20.000 personas tienen empleos relacionados directa o indirectamente con la industria y que la economía recibe unos 65 millones de dólares anuales producto de esta actividad.
Diversas organizaciones relacionadas al llamado «Deporte de Caballeros» se han manifestado en contra de la «Farm Bill» en los últimos meses.
Incluso, El Club Gallístico de Puerto Rico radicó un recurso en el Tribunal Federal estadounidense, jurisdicción de San Juan, en el que buscaban protección a la industria a la que representan.
El juez federal Gustavo Gelpí falló en contra de la demanda.
«El Tribunal claramente entiende el impacto económico que tendría el prohibir las peleas de gallos. Sin embargo, sin ningún argumento válido legal, el Tribunal no puede actuar como un ‘superlegislador’ para enmendar o apelar el trabajo del Congreso (en Washington)», señaló el informe del juez Gelpí.
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