Más de 47.000 agentes de policía vigilarán las marchas en contra del Gobierno en Ecuador

Un operativo especial con más de 47.000 agentes de policía resguardarán el orden público en Ecuador, durante la movilización nacional contra el Ejecutivo anunciada por organizaciones sociales a partir de las 16:00 hora local (21:00 GMT).

«El numérico total prácticamente contempla el 100 por ciento del personal policial, que son 47.013 policías a nivel nacional», dijo el director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, Pablo Rodríguez, durante una conferencia de prensa efectuada el jueves en la Plaza Grande, en el centro histórico de Quito.

Anticipándose a las protestas, Rodríguez señaló que solo para esa ciudad se organizó un operativo dividido en cuatro fases para responder y contener a grupos violentos que pudieran infiltrarse.

En un primer momento está prevista la participación de 1.200 uniformados, con la posibilidad de duplicar su número, dependiendo de la intensidad de las protestas.

Un dispositivo adicional, integrado por 12.000 miembros policiales ubicados en varios puntos estratégicos, estará listo para intervenir ante cualquier acto violento.

Como complemento, se organizó un operativo con 9.000 uniformados para realizar controles en toda la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

Citando informes de inteligencia, el jefe policial dijo que para el jueves estaban previstas 17 marchas en diferentes capitales de provincia, 13 plantones (movilizaciones), seis posibles cierres de vías y cuatro caravanas.

«Hemos planificado viendo el peor escenario, pero esperando lo mejor de las respuestas de cada una de las organizaciones sociales», sostuvo Rodríguez.

En la provincia del Guayas (oeste), cuya capital es Guayaquil, el operativo de control contempla la presencia de personal policial en sitios considerados estratégicos, entre ellos el denominado puente de la Unidad Nacional, el aeropuerto, varios edificios públicos y sitios donde existe riesgo de posibles saqueos.

El oficial a cargo de la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito, Fausto Salinas, dijo que unos 1.200 los manifestantes saldrían a las calles ante la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización sindical de Ecuador, y otros colectivos sociales, que protestarán por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno ante la crisis que sacude al país, y por la reciente firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien previó una manifestación pacífica, Salinas dijo que los dispositivos de inteligencia policial estarían atentos ante la presencia de infiltrados violentos que pudieran atentar contra bienes públicos como iglesias, monumentos, parques, plazas e instituciones públicas.

El oficial añadió que la instalación de vallas metálicas reforzadas con alambres de púas colocadas varias cuadras a la redonda del Palacio de Carondelet (Casa de Gobierno), en el centro, se hizo en prevención de cualquier atentado, pues el centro histórico es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Mientras tanto, el ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín, aseguró que las fuerzas armadas permanecerían en sus cuarteles, pero en caso de ser requeridas por el Gobierno están listas para entrar en acción.

«Cuando la Policía requiera y haya la orden presidencial, cuando existan las condiciones suficientes participarán como fuerzas armadas (…) primero está la seguridad, la protección de la vida y de la propiedad privada», dijo Jarrín entrevistado por Radio Democracia.

El vicepresidente del FUT, José Villavicencio, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se observa personal militar alistando escudos de protección y otros materiales, que según el dirigente sindical evidenciarían un supuesto intento para justificar la represión por parte del régimen.

Villavicencio agregó que no estaban previstos actos de violencia durante las manifestaciones.

Dueños de locales comerciales del centro de Quito cerraron sus negocios pasado el mediodía, otros no los abrieron, en prevención de que pudieran darse actos vandálicos y violentos, similares a los ocurridos el año pasado, durante una protesta de 12 días en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, que finalmente fue derogada por el Gobierno.

(Sputnik)

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