Unos 5,4 millones de migrantes y refugiados han huido de Venezuela, según las cifras presentadas este martes por la Organización de Estados Americanos (OEA), que recoge una «profundización» de la crisis en Venezuela y destaca que «el cierre de fronteras durante la emergencia por la COVID-19» ha obligado a los venezolanos a utilizar «caminos irregulares» para salir del país, muchos de ellos peligrosos.
Los que dejan Venezuela se ven obligados a utilizar vías alternativas, como «trochas» o «rutas marítimas peligrosas», algo que aumenta «su condición de vulnerabilidad», señala un informe publicado este martes por el organismo.
Según las cifras del informe, aunque hasta el momento han vuelto a Venezuela 130.000 personas, la reapertura económica de los países latinoamericanos ha ralentizado el flujo de retorno, y, de hecho, ha aumentado las cifras de nacionales que abandonan el país.
Unos 500 venezolanos cruzan diariamente hacia el país vecino, Colombia, por caminos irregulares, ya que los pasos fronterizos entre ambos países permanecen cerrados.
No obstante, en los siete meses de pandemia ha disminuido en un 6,2 por ciento el número de venezolanos en territorio colombiano, pasando de 1.809.872 en marzo a 1.715.831 en septiembre.
En el último informe del organismo, también se denuncia el episodio del pasado 22 de noviembre, cuando un grupo de 29 venezolanos –entre ellos 16 menores de edad– fueron deportados por las autoridades de Trinidad y Tobago, aunque finalmente una sentencia del Tribunal Supremo del país permitió que a las 48 horas pudieran retornar.
En este sentido, con el cierre de fronteras y la profundización de la crisis en Venezuela es «cada vez más frecuente» que los venezolanos arriesguen su vida huyendo «desesperados por el mar en una embarcación menor que los traslade a alguna isla del Caribe». Las cifras de la OEA reflejan que hay unos 224.000 migrantes y refugiados colombianos en el Caribe.
Frente a la crisis migratoria venezolana, algunos países de la región han instaurado medidas concretas para los migrantes y desplazados, como Costa Rica, que ha creado una categoría especial de protección para migrantes venezolanos, o Perú, que ha instaurado medidas «especiales, excepcionales y temporales» para regular la situación migratoria de extranjeros en su territorio.
La OEA, por último, denuncia que «el régimen ilegítimo de Venezuela continúa violando el derecho a la identidad de ciudadanos venezolanos al no garantizar la emisión de nuevos pasaportes, así como de prórrogas que permiten extender la validez de dicho
documento.
Esta «vulneración de los Derechos Humanos», aseguran, se ha agudizado en el marco de la pandemia, «impidiendo que muchos venezolanos puedan identificarse, movilizarse y realizar trámites para regularizar su situación migratoria».
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