La JEP denuncia que 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma de los acuerdos de paz

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha alertado este martes de que el inicio de 2021 está siendo el más violento desde que se firmaron en 2016 los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la ya disuelta guerrilla de las FARC.

En su último informe, la JEP señala que las conclusiones del mismo son «preocupantes», pues desde el primero de enero hasta el 24 del mismo mes se han registrado seis masacres, cinco asesinatos de guerrilleros desmovilizados y sujetos al proceso de paz, tres hostigamientos y catorce homicidios cometidos contra líderes sociales.

A su vez, la Fiscalía de la JEP ha informado de catorce enfrentamientos armados entre «estructuras criminales» y otros siete entre grupos ilegales. «Durante el periodo examinado también se registró una masacre cada cuatro días», explica el documento, dejando «18 víctimas, entre ellas dos niños».

La JEP ha señalado también que cada cinco días muere asesinado un antiguo guerrillero de las FARC, por lo que es necesario que el Gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en 2016 en La Habana, puesto que muchos de ellos tiene todavía cuitas con la justicia.

Si bien el informe apunta que se ha detectado actividad de disidencias de las FARC y escuadrones paramilitares en los municipios donde se han cometido estos asesinatos, la presencia de este tipo de estructuras armadas ilegales «no explica» de por sí los motivos para que se produzcan estos crímenes.

AMENAZAS CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES

La violencia contra los líderes sociales tampoco cesa, ha lamentado la JEP. Además de los asesinatos, uno cada 41 horas, las amenazas y los hostigamientos sobre las personas que ejercen un papel de liderazgo en sus municipios siguen creciendo, en especial en aquellos donde los grupos armados ilegales se disputan las rentas del narcotráfico dejadas por las FARC con su disolución.

El informe ha registrado amenazas y secuestros a los habitantes de algunos municipios de departamentos del norte, como Bolívar y Antioquia, o del suroeste, Cauca o Nariño, por parte de grupos paramilitares como Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El reclutamiento forzado de jóvenes es otro de los peligros a los que tienen que hacer frente las poblaciones de algunos municipios de Antioquia y Valle del Cauca, siendo las AGC y pequeños grupos armados locales los principales responsables de las mismas.

«MAYOR INICIATIVA DE LA FUERZA PÚBLICA»

Por otro lado, la JEP ha reconocido «evidencia de una mayor iniciativa de combate por parte de las fuerzas del orden» contra las estructuras criminales que operan en varios municipios de Antioquia, Cauca, Nariño, La Guajira, Arauca, Norte de Santander y Valle del Cauca.

En lo que va de enero, se han registrado catorce enfrentamientos, la cifra desde los acuerdos de paz, entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales, entre ellos, disidencias de las FARC, las AGC y sus subestructuras criminales, o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos enfrentamientos, lamenta la JEP, han dejado cerca de 200 desplazados desde el pasado 28 de diciembre de 2020, afectando a 57 familias y dejando otras 80 incomunicadas.

«El propósito de estos reportes es garantizar la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y los comparecientes en los procesos en los que avanza la JEP en los territorios», explica.

Creada por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante los acuerdos de paz de La Habana, la JEP es el mecanismo especial de la Justicia colombiana para investigar y juzgar a los integrantes de la guerrilla, a miembros del Ejército y de las fuerzas del orden, así como a terceros que hayan participado en el conflicto armado.

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