Un grupo de migrantes intenta cruzar a San Diego, Estados Unidos, desde Tijuana, México
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comunicado este martes de manera oficial a todas las fiscalías de Estados Unidos que el programa «tolerancia cero» del expresidente Donald Trump, que provocó la separación de más de 3.000 familias migrantes, ha sido finalmente revocado.
Así lo ha comunicado el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Monty Wilkinson, en una misiva enviada a los fiscales del país, a los que se les pide mesura cuando corresponda enjuiciar delitos menores por cruzar la frontera, evitando los tribunales federales y la separación de los padres de sus hijos, pero no que los infractores puedan ser deportados.
Si bien Trump cedió y firmó una orden ejecutiva en junio de 2018 para acabar con la separación de los hijos cuando sus padres fueran procesados, el programa de «tolerancia cero», por el cual cualquiera podía ser enjuiciado al cruzar la frontera de manera irregular, incluso por delitos menores, siguió funcionando.
En su carta, a la que ha tenido acceso la cadena NBC, Wilkinson aconseja a los fiscales que tomen en cuenta otros factores, como «las circunstancias personales», «los antecedentes penales», la «gravedad del delito» o «las consecuencias de una posible condena», en lugar de someterse a la «tolerancia cero» de la anterior Administración.
«Si bien las políticas pueden cambiar, nuestra misión siempre sigue siendo la misma, buscar justicia bajo la ley», ha dicho Wilkinson, quien ha recordado que el Departamento de Justicia «ha enfatizado durante mucho tiempo» en que las decisiones de llevar a alguien ante un tribunal federal deben estar fundamentadas y contar con evidencias.
Wilkinson asegura en la misiva que una política que obliga a un fiscal a tratar todos los casos que le llegan bajo una misma ley «sin tener en cuenta las circunstancias individuales es inconsistente» con los principios de Estados Unidos.
Aunque el programa de «tolerancia cero» estuvo vigente apenas unos meses, entre abril y junio de 2018, miles de niños fueron separados de sus padres después de que estos fueran procesados judicialmente por cruzar la frontera de manera irregular.
Los menores, puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, contaron con apenas métodos para reunirse con sus progenitores, algunos de los cuales fueron deportados con sus hijos todavía en territorio estadounidense.
Los servicios legales que demandaron a la anterior administración por la separación de estas familias han denunciado que todavía no han podido comunicarse con los padres de 611 niños, separados de ellos por funcionarios fronterizos.
«Esta acción es un buen comienzo, pero lo que realmente se necesita es que el Congreso derogue las sanciones por entrada no autorizada que impliquen la separación de las familias», ha dicho el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Lee Gelernt.
El fin de estas políticas, recuerda, no soluciona el problemas de las familias que ya han sido separadas, por ello, «la Administración Biden debe reunirlas en Estados Unidos y brindarles la ciudadanía, recursos, atención y el compromiso de que la separación familiar nunca volverá a ocurrir», publican medios estadounidenses.
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