Un agente de la Fuerza Boliviariana de Venezuela explica a la población que debe regresar a sus hogares a causa de la cuarentena decetada por el Gobierno
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado este martes una resolución con la que renueva dos años más el mandato de la misión de investigación que denunció recientemente crímenes de lesa Humanidad en Venezuela y responsabilizó de los mismos a varios altos cargos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.
La misión, sin precedentes en América Latina, se creó a partir de una votación similar en septiembre de 2019. Un año más tarde, divulgó su primer informe, en el que constató que durante los últimos años se habían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
Pese a las críticas de Caracas, una amplia mayoría de los países representados en el Consejo ha respaldado que la misión siga activa al menos por otros dos años. Veintidós países, entre ellos España y representantes latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
Las abstenciones también fueron 22, mientras que solo tres países votaron en contra. Además de Venezuela, dijeron ‘no’ al texto Eritrea y Filipinas, según consta en los registros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La oposición venezolana ha celebrado como una victoria el resultado de esta votación, mientras que el ‘chavismo’ se ha conformado con otra resolución en la que se aboga por «estrechar el trabajo conjunto» entre el Gobierno venezolano y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«El compromiso de nuestro país con los Derechos Humanos es absoluto», ha afirmado el ministro de Exteriores venezolano, en su cuenta de Twitter, en la que ha destacado que esta segunda resolución ha salido adelante con 14 ‘síes’ «a pesar de la feroz presión de Estados Unidos y sus satélites».
«Extraña el voto inexplicable de algunos países que se dicen defensores de Derechos Humanos», ha añadido Arreaza, sin aludir a ningún caso en concreto. Han votado en contra siete países –entre ellos Brasil, Chile, Perú y Uruguay– y 26 se han abstenido, incluida España.
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