Contra los pobres: críticas al control de identidad en Chile que dejó una víctima mortal

Francisco Martínez era un malabarista de 27 años que vivía en las calles de la ciudad de Panguipulli (sur). Tranquilo, amigo de los perros y siempre buscando un libro para leer, según explicaron los panguipullenses en reiteradas entrevistas a los medios locales tras su muerte la semana pasada.

El viernes 5 de febrero, tres carabineros (policías militarizados) le practicaron un control preventivo de identidad, herramienta que desde 2016 permite a la policía pedir los documentos de cualquier persona en la vía pública.

Como el artista había perdido su carné de identidad y se resistió a ser llevado a la Comisaría, comenzó una discusión que terminó con Martínez acribillado en pleno centro de Panguipulli, con balas en sus extremidades, tórax y corazón.

El acto tuvo consecuencias inmediatas. Protestas en todo el país, que incluyeron incendios en numerosos edificios públicos y decenas de detenidos, además de que la Fiscalía inició una investigación por homicidio simple contra el carabinero que percutó el arma.

Los cuestionamientos al control de identidad llevó a un grupo de parlamentarios del bloque de izquierda Frente Amplio a presentar una moción para derogar la ley, basándose en recomendaciones de organizaciones civiles, expertos, entidades pro derechos humanos, universidades y varias voces que la califican como una medida discriminadora.

Pero, si el control preventivo genera rechazo en tantos sectores, ¿cómo logró entrar al ordenamiento jurídico chileno?

ORIGEN DE LA LEY

«¡Quien nada hace nada teme! Los únicos que tienen que tener miedo al control preventivo de identidad son los delincuentes», escribió en julio de 2016 el exintendente de Santiago, Claudio Orrego, en un tuit que ha sido repetidamente compartido en redes sociales esta semana a raíz de la muerte del malabarista.

Orrego, militante del partido de centroizquierda Demócrata Cristiano (DC), defendió con ese argumento a los múltiples actores de la sociedad civil que criticaron a la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), actual alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por haber impulsado la ley que permite el control preventivo de identidad.

La medida faculta a los policías a pedir el carné de identidad de cualquier persona en la vía pública, sin importar si existen o no indicios de que haya cometido un delito, con el objetivo de encontrar individuos con órdenes de detención pendientes. Si la persona no porta sus documentos, es detenida y llevada a una comisaría para comprobar su identidad.

Varios organismos advirtieron al Gobierno de la exmandataria que promulgar esta ley podría causar discriminaciones arbitrarias. Entre ellas: el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Públicos, la Corte Suprema, ONG Leasur, Unicef, la universidad Diego Portales, la fundación Paz Ciudadana y otras.

También mostraron su descontento los sectores políticos de izquierda como el Partido Comunista, quienes hicieron notar la similitud de esta institución con la «detención por sospecha», facultad policial que sirvió como excusa durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para cometer numerosas violaciones a los derechos humanos.

A pesar de todo, Bachelet encontró apoyo en la centroizquierda, la derecha liberal y la derecha conservadora, y promulgó la ley dentro de un paquete de medidas legislativas denominado Agenda Corta Anti delincuencia.

La historia la terminó de cerrar el presidente Sebastián Piñera en 2019, cuando amplió el control preventivo y bajó la edad mínima para ser controlado de 18 a 14 años. Nuevamente, contó con votos oficialistas y de la oposición en el Congreso.

DATOS

La evidencia, a cinco años de la puesta en marcha de esta ley, pone en duda la eficacia de la medida y deja en evidencia que se ha usado de manera discriminatoria.

El Centro de Estudios Chile 21 realizó una investigación que demostró que de todos los controles preventivos realizados entre enero y septiembre del año pasado, que fueron 5.658.094, solo 114.365 derivaron en una detención efectiva. Esto es el 2 por ciento del total.

Además, evidenció que la mayor cantidad de controles se realizaron en comunas de bajos recursos de la capital como Estación Central (257.000) o Puente Alto (108.000), a diferencia de los pocos efectuados en comunas del barrio acomodado de Santiago como Vitacura (40.000) o Lo Barnechea (27.000).

DEROGAR

La diputada Catalina Pérez, presidenta del partido del Frente Amplio, Revolución Democrática (izquierda), presentó el martes un proyecto de ley para derogar el control de identidad, junto a parlamentarios de su bloque y algunos de la centroizquierda.

Pérez señaló a Sputnik que esta «es una herramienta policial ineficaz que discrimina por clase social y por raza. Es una pésima política pública que además es aplicada por Carabineros, una institución profundamente cuestionada».

«Este control, que se creó con apoyo de la derecha y de la centroizquierda, es fruto del populismo penal. Muchos legislan de urgencia cuando surge un crimen de alta connotación en televisión, redactando leyes como ésta que no tienen ningún impacto real en la seguridad ciudadana», recalcó.

Por último, señaló que sus esperanzas están puestas en que los sectores progresistas que alguna vez apoyaron esta iniciativa, reconsideren y decidan derogar cuando tengan que votar el proyecto en el Congreso.

El proyecto de derogación comenzará a ser discutido en la Cámara de Diputados en marzo, tras el receso legislativo de febrero.

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