Las autoridades de Bolivia han anunciado este lunes que hasta el momento se ha indemnizado a once familias de las 35 que iban a recibir reparación por ser parientes de las víctimas de los enfrentamientos entre partidarios del expresidente Evo Morales y las fuerzas del orden registrados después de las elecciones de octubre, una prestación que llega más de diez meses después de lo sucedido.
La indemnización consta de 100.000 bolivianos (12.000 euros) y la mayoría de los indemnizados se corresponden con las víctimas de Senkata, en la ciudad de El Ato, donde la intervención de la Policía y el Ejército dejó una veintena de muertos y unos 500 fallecidos, en lo que ha sido calificado por el Defensor del Pueblo como una «masacre» en la que el Gobierno de la interina Jeanine Áñez cometió «delitos de lesa humanidad».
Otras 17 víctimas que resultaron heridas en los enfrentamientos han sido indemnizadas con beneficios laborales y nuevos puestos de trabajo, así como con otras cantidades, que oscilarían entre los 5.000 (600 euros) y los 10.000 bolivianos (1.200 euros), según el grado de invalidez de la víctima, tal y como venía fijado en el decreto 4176 que se aprobó en marzo de 2020.
El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, ha añadido que el Gobierno también asumirá los gastos médicos de las víctimas mientras se recuperan de sus heridas, además de facilitar los trámites de acceso a ayudas sociales a los herederos de las víctimas.
Este anuncio del Gobierno se produce una semana después de que las víctimas de Senkata se manifestaran en el centro de La Paz exigiendo justicia por los crímenes que se cometieron durante aquellas manifestaciones, pues las autoridades siguen sin depurar responsabilidades más de diez meses después.
Los incidentes de Senkata tuvieron lugar entre el 15 y el 19 de noviembre, días después de que Morales dimitiera tras la presión de varios sectores, entre ellos una parte de las Fuerzas Armadas, las denuncias de «irregularidades» en los comicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de que la presidenta Jeanine Áñez asumiera el poder.
Durante los mismos, la Policía y el Ejército la emprendieran con los partidarios de Morales, que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Gobierno, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió ante la ola de protestas emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal. Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.
Sin embargo, la Oficina del Defensor del Pueblo manifestó la semana pasada que en Sacaba y Senkata «se constituyeron masacres, al haberse cometido delitos de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad».
