La Justicia de Bolivia ha rechazado un recurso judicial presentado por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce para intentar frenar la huelga del sector médico, que busca la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Según ha explicado el propio Arce, el recurso interpuesto ha sido rechazado porque «se establece que la atención en salud es absolutamente normal y no hay tal paro», ha informado el diario local ‘La Razón’.
Tras conocer el fallo, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, ha considerado que «se ha hecho justicia». «Bolivia es el único país donde se agrede al personal de salud que trabaja en primera línea, que refuerza las emergencias y que, si llegan las vacunas, está poniendo todos los recursos humanos para que se priorice la vacunación», ha señalado.
Del mismo modo, ha reiterado que la Ley de Emergencia Sanitaria es «inconstitucional» y ha señalado que el sector médico está en huelga «por la insensibilidad del Gobierno, que no quiere dialogar».
Según datos ofrecidos por la Defensoría del Pueblo de la nación andina, el 80 por ciento de los centros sanitarios del país no cumple con el nuevo paro establecido por el Consejo Nacional de Salud (Conasa).
El sector médico de Bolivia ha extendido durante 15 días la huelga con la que pretenden que se derogue la nueva normativa, aunque se comprometieron a «»reforzar los servicios de emergencia y atención de COVID-19 en todo el sistema nacional». El Gobierno boliviano, por su parte, ha afeado la huelga, señalando que representará un «obstáculo» para la campaña de vacunación contra la COVID-19.
Los médicos reclaman la redacción de una nueva Ley de Emergencia Sanitaria que cuente con su aval, pues, a su juicio, la actual atenta contra sus derechos.
La normativa no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que ha abierto un nuevo capítulo al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud.
Los trabajadores sanitarios lamentan que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.
