El fiscal encargado de investigar el llamado ‘caso respiradores’ en Bolivia, Omar Mejillones, ha confirmado este miércoles que las autoridades del país pagaron un sobreprecio en la adquisición de 170 de estos aparatos a una empresa española, al tiempo que ha desvelado que los implicados optaron por «desmantelar» los equipos para luego repartirse el coste adicional.
El escándalo de los respiradores estalló el pasado mayo al destaparse que el Gobierno de Bolivia pagó más de 27.000 dólares por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.
La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la gestión de la compra.
En rueda de prensa tras levantarse el secreto de sumario, Mejillones ha explicado que tras la entrevista con el dueño de GPA Innova se confirmó que los aparatos se vendieron por 6.600 euros por unidad, si bien Navajas presentó una factura por 28.080 dólares por cada uno de ellos. «Evidentemente existe un sobreprecio», ha sostenido.
Para justificar este coste, ha explicado el fiscal, lo que hicieron los implicados fue «desmantelar los kits, poner a cada kit un precio, cosa que alcance a los 28.080 dólares». Además, ha señalado que los involucrados habían acordado repartirse más de 8.000 euros por cada uno de los aparatos, si bien no está clara la cantidad total que recibiría cada uno.
«Todavía no hemos identificado los montos, cuánto le correspondería a cada quién porque evidentemente ellos no han señalado y no van a señalar seguramente, pero lo que sí es cierto y evidente es que el proceso de contratación de los 170 ventiladores estaba totalmente irregular», ha insistido el fiscal, según informa el medio Red Erbol.
En cuanto al exministro Navajas, Mejillones ha explicado que su responsabilidad recae por hacer efectivo el proceso de contratación, informa ‘El Deber’. Según ha dicho, «ya se habían entregado 250.000 dólares como reserva para la compra de estos ventiladores pulmonares, antes de iniciado el proceso de contratación».
Así pues, «lo que es cierto y evidente es que el proceso de contratación para la compra de los 170 respiradores estaba viciado», ha señalado. El fiscal ha denunciado que «se direccionó la compra sin tener respaldo técnico, eso lo hace responsable al exministro de Salud y suponemos que también se tendría que haber beneficiado de algún monto económico».
Por otra parte, el fiscal también se ha mostrado sorprendido tras la investigación de que IME Consulting, que pagó el anticipo de su bolsillo porque contaba con la buena fe del Gobierno boliviano para adquirir los equipos, nunca había realizado este tipo de negocios ni entiende de respiradores pulmonares.
Por último, Mejillones ha precisado que la investigación está completa al 90 por ciento y solo faltan tomar algunas declaraciones, como a Luis Buscarons, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la compra y dio el visto bueno al Gobierno de Bolivia para la adquisición.
