Dos empresas españolas, en el foco de un escándalo político en Bolivia por la compra de respiradores

La Justicia boliviana ha anunciado una investigación para averiguar si se contrató con sobreprecio la compra de 170 respiradores para tratar a pacientes de Covid-19, un pedido donde tanto la empresa fabricante de los respiradores como la intermediaria son españolas.

Se trata de 170 unidades del dispositivo de emergencia ‘Respira’, que produce la española GPA Innova con software de Siemens y el apoyo del Hospital Clínic de Barcelona. Fueron vendidos a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) de Bolivia por IME Consulting, con sede en Bilbao.

El problema surgió cuando se supo que el contrato suponía un precio por unidad de 27.600 dólares, mientras que el precio de los respiradores es de entre 7.000 y 11.000, según las distintas versiones del aparato. Una empresa boliviana, Cosin Ltda, lo ofrecía a 12.500, según ha dicho su gerente al diario ‘Página Siete’.

Hasta el momento, según el periódico boliviano ‘La Razón’, hay cuatro personas detenidas: Geovanni Pacheco, director general de AISEM; Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avaló la compra. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, está citado a declarar y el de Justicia, Álvaro Coimbra, ha anunciado que no se pagará el 50 por ciento restante del contrato.

Sin embargo, las empresas españolas niegan irregularidad alguna. Fuentes de IME Consulting se han puesto en contacto con Europa Press y han explicado que el contrato incluye el transporte de los respiradores, que AISEM reclamaba con mucha urgencia, la actualización del software, los carritos de soporte de los respiradores, baterías y el contrato de mantenimiento durante dos años con una empresa boliviana.

Solo el transporte, dicen las fuentes, asciende a 235.000 euros de los que el Gobierno boliviano asume 185.000. Así, IME Consulting afirma que, de un contrato de 4,4 millones de euros, su margen es de unos 800.000 euros, pero que es posible que tenga que hacer frente a gastos en los próximos dos años.

Así, la empresa se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia boliviano, además de con la prensa local, para enviar la documentación sobre el pedido y ha advertido de que si no se paga en tres días demandará por incumplimiento de contrato y no enviará las baterías y accesorios que faltan.

La compra cuenta con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha facilitado la compra en el marco de su iniciativa de reorientar 82 millones de su financiación a Bolivia para esfuerzos relacionados con la pandemia.

RESPIRADOR CON DOS VERSIONES

La polémica se agravó porque los médicos bolivianos afirmaron que los respiradores no servían. El hecho es que no se trata de un respirador «profesional», sino de un dispositivo de emergencia que, en su versión más básica, se utiliza cuando el paciente está sedado pero no sirve para la fase del despertar, según ha explicado el director gerente de GPA Innova, Pau Sarsaneda, en una entrevista en Radio Fides.

Sin embargo, la empresa fabrica también un modelo avanzado, en el que la única diferencia es el software y que, aunque sigue sin ser un respirador al uso sí es válido para tratar a un 90 por ciento de los enfermos. Tiene la ventaja, según sus responsables, de que no necesita una formación muy compleja para ser utilizado, sino que pueden hacerlo médicos y enfermeros.

Según Sarsaneda, GPA recibió el pedido de un respirador básico, pero al ver «la necesidad real» en Bolivia ha «reaccionado rápidamente» y ya se han puesto en contacto con la empresa encargada de mantenimiento para que actualice el software y convierta los respiradores en avanzados. También, dijo, se enviarán baterías y accesorios que no estaban incorporados en el pedido.

Sin embargo, las fuentes de IME aseguran que desde un principio el objetivo era suministrar respiradores del modelo avanzado con accesorios pero que primero se envió el sencillo a la espera de que las autoridades bolivianas certificasen el software. Las baterías tienen un coste de 263.000 euros, los carritos de 102.850, el software son otros 719.950, entre otros gastos, detallan.

UN CONTRATO CON MUCHA URGENCIA

Ambas compañías españolas señalan que el contrato se hizo con muchísima prisa por parte de las autoridades bolivianas. GPA, que suministró 100 respiradores básicos en Cataluña, ha enviado la documentación necesaria a otros países que están interesados para que trabajen en su homologación, pero el de Bolivia es el primer pedido que han tenido del extranjero, y con mucha urgencia.

«El pedido se hizo con una celeridad y unas prisas muy grandes, el avión salió de Bolivia antes de que terminase la negociación, creo que no hubo tiempo de analizar prácticamente las necesidades por el intermediario», apuntó Sarsaneda.

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