El ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, ha sido detenido por el supuesto sobrecoste con el que el Gobierno adquirió una partida de 170 respiradores a una empresa española, una cuestión que ha abierto una grave crisis política en el país en plena pandemia de coronavirus.
Según informaciones de la emisora Erbol, el arresto de Navajas se ha producido después de que fuera llevado a la sede de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para declarar.
No obstante, ya ha su llegada ha dicho desconocer si se encontraba detenido, aunque lo ha dado por hecho. «La verdad no sé, estoy viniendo a ver informaciones», ha declarado mientras era escoltado por la Policía.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, ya había dado por hecho que el titular de Salud sería llamado a declarar. «Todos los que han participado en el proceso de contratación van a ser convocados y el ministro seguramente será convocado», había señalado en declaraciones a Red Uno.
Precisamente había sido Navajas quien había negado el pago de un sobrecoste en la compra de los respiradores, después de las críticas formuladas por el hecho de que no eran adecuados para la respuesta ante la pandemia.
«No hubo sobreprecio en la compra y el Gobierno boliviano no pagó un precio menor, ni mayor al de productos similares, pagó el precio que se comercializa en los mercados mundiales», aseguró el lunes.
Hasta el momento, según el periódico boliviano ‘La Razón’, eran cuatro los detenidos en relación con la compra de los respiradores. Además de Geovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), y Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, también han sido detenidos dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avaló la compra.
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN
Así las cosas, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha anunciado la creación de una comisión de fiscales en La Paz para investigar el caso, en cuyo marco también se pedirá un informe al BID, ya que fue quien dio luz verde a la adquisición.
En declaraciones desde Sucre recogidas por Red ERBOL, Lanchipa ha prometido una investigación minuciosa, transparente y objetiva sobre la adquisición de los 170 respiradores, por los que el Gobierno pagó más de 27.000 dólares a la empresa española GPAInnova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares.
El fiscal ha confirmado el arresto del director jurídico del Ministerio de Salud y tres funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). Asimismo, se ha procedido al secuestro de la carpeta del proceso de contratación y se han precintado las oficinas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Lanchipa ha asegurado que la investigación se realizará «sin importar el nombre y el cargo jerárquico de las personas involucradas». «No es posible que con el dolor de nuestro pueblo se cometan actos de corrupción», ha manifestado, recalcando que «no vamos a permitir que el hambre del pueblo en esta época de pandemia se convierta en la gula de los corruptos».
EL RESPONSABLE «LO VA A PAGAR»
Entretanto, el ministro de Justicia ha reiterado que la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha pedido que se llegue hasta el fondo de este caso. «La instrucción de la Presidenta y de este Gobierno es que más allá de cualquier tipo de corrupción se debe investigar desde el primero hasta el último y si alguien tiene que pagar por esto, sea ministro, sea director o sea viceministro, lo va a pagar», ha recalcado Coimbra, según informa la agencia estatal ABI.
Por el momento, ha precisado, se está investigando a quienes participaron en el proceso de adquisición, lo que incluye a los asesores, técnicos que elaboraron informes y autoridades que firmaron el contrato, pero si la máxima autoridad ejecutiva «también tiene alguna responsabilidad, tengan la seguridad que será investigada».
