La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha anunciado este miércoles que ha cesado al ministro de Salud, Marcelo Navajas, a raíz de la polémica por el supuesto sobrecoste en la compra de una partida de 170 respiradores a una empresa española para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Áñez ha decidido así apartar de sus cargos a todos aquellos que estén siendo actualmente investigados por la Policía en el marco del caso con el fin de «evitar cualquier interferencia en el trabajo de la Justicia».
Por el momento y de forma interina, las funciones que desempeñaba Navajas serán asumidas por la viceministra de Salud, Heidi Roca. «El Gobierno no permitirá actos de corrupción ni ningún mal manejo de recursos públicos, peor aún en medio de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país», ha aseverado Áñez.
Navajas, por su parte, se encuentra en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras ser detenido. Se espera que en las próximas horas brinde su declaración y se clarifique su situación legal, según ha informado el diario local ‘El Deber’.
«Se ha instruido una investigación minuciosa y cuando se establezcan responsabilidades, la Justicia deberá aplicar la ley respetando los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso. A diferencia del pasado Gobierno, damos señales contundentes», ha explicado la ministra de Comunicación, Isabel Fernández.
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Áñez ha definido sus tres compromisos fundamentales: la devolución de cada centavo que se hubiera robado, impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometidos actos de corrupción y seguir equipando a los hospitales con transparencia.
«La presidenta sostiene la instrucción de combatir la corrupción y llevar la investigación de este caso hasta lograr la identificación de todos los responsables y su debido procesamiento, y la aplicación de las sanciones correspondientes, y solicita al Ministerio Público celeridad en la investigación», ha subrayado la ministra.
Aparte de Navajas son otros cuatro los detenidos en relación con la compra de los respiradores: además de Geovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), y Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, también han sido detenidos dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avaló la compra.
La polémica gira en torno a 170 unidades del dispositivo de emergencia ‘Respira’, que produce la española GPA Innova con software de Siemens y el apoyo del Hospital Clínic de Barcelona. Fueron vendidos a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) de Bolivia por IME Consulting, con sede en Bilbao.
El problema surgió cuando se supo que el contrato suponía un precio por unidad de 27.600 dólares, mientras que el precio de los respiradores es de entre 7.000 y 11.000, según las distintas versiones del aparato. Una empresa boliviana, Cosin Ltda, lo ofrecía a 12.500, según ha dicho su gerente al diario ‘Página Siete’.
