El Gobierno de Bolivia ha pedido este martes a la Fiscalía incluir en la investigación de la compra de 170 respiradores con presunto sobrecoste al expresidente Evo Morales, al exministro de Gobierno Carlos Romero y a la exministra de Salud, Gabriela Montaño.
Así lo ha comunicado el viceministro de Transparencia Institucional boliviano, Guido Melgar, que ha agregado que el Ejecutivo también ha pedido incluir en el caso al cónsul de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja, a Iñaki García, de GPA Innova –la empresa que vendió los respiradores–, al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y a otras once personas.
El pasado 25 de junio, la Policía reveló que Luis Fernando Humérez, considerado como el «testigo clave» en la compra de los respiradores, destinados a pacientes con coronavirus, había contactado en varias ocasiones con Morales y otros dirigentes y exautoridades de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS).
De forma paralela, según las investigaciones preliminares, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, contactó con Montaño y Pareja.
«Estas investigaciones nos dan indicios de que las personas mencionadas estarían detrás del caso de los respiradores, por lo que la denuncia se ha ampliado por el presunto delito de autoría mediata», ha informado Melgar durante una rueda de prensa, recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.
Asimismo, serán investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación del Estado y organización criminal.
«Ante esto, estamos ante un posible complot para hacer quedar mal al Gobierno y de aprovecharse de los recursos del Estado producto del sobreprecio (en la compra de los equipos)», ha señalado Melgar.
El escándalo de los respiradores estalló el pasado mayo al destaparse que el Gobierno de Bolivia pagó más de 27.000 dólares por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.
La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la gestión de la compra.
En rueda de prensa tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal encargado de investigar el caso, Omar Mejillones, explicó que tras la entrevista con el dueño de GPA Innova se confirmó que los aparatos se vendieron por 6.600 euros por unidad, si bien Navajas presentó una factura por 28.080 dólares por cada uno de ellos. «Evidentemente existe un sobreprecio», sostuvo.
