La fuerte pérdida de valor que ha sufrido La Polar en Bolsa, tras el descubrimiento de las irregularidades en su gestión, ha llevado a analistas y expertos a apuntar la posibilidad de que un socio de gran tamaño entre en el accionariado y reflote la compañía. En ese sentido, suenan algunos nombres, como el de los Said o los Hurtado-Vicuña, aunque como suele ser habitual en Chile, el de los poderosos Luksic lo hace con más fuerza. Según señalan algunos observadores, las autoridades chilenas podrían ver con buenos ojos esta solución, aunque al tratarse de una empresa privada nadie del entorno del Gobierno se ha involucrado en las negociaciones, según han informado fuentes oficiales. La fuerte pérdida de valor que ha sufrido La Polar en Bolsa, tras el descubrimiento de las irregularidades en su gestión, ha llevado a analistas y expertos a apuntar la posibilidad de que un socio de gran tamaño entre en el accionariado y reflote la compañía. En ese sentido, suenan algunos nombres, como el de los Said o los Hurtado-Vicuña, aunque como suele ser habitual en Chile, el de los poderosos Luksic lo hace con más fuerza. Según señalan algunos observadores, las autoridades chilenas podrían ver con buenos ojos esta solución, aunque al tratarse de una empresa privada nadie del entorno del Gobierno se ha involucrado en las negociaciones.
La semana pasada La Polar perdió un 42% de su valor financiero después de que se destapara el escándalo, un duro golpe del que no se ha recuperado y que podría ponerla a tiro de un gran grupo que pudiera llevar a cabo una fuerte inversión en la compañía. De esa forma, se lanzaría un mensaje de confianza a los mercados y se evitaría que el escándalo afectara indirectamente a otras grandes compañías del sector, como Cencosud. Algunos expertos señalaron a este diario que las autoridades chilenas podrían dar su beneplácito a una intervención del estilo.
Sin embargo, desde el gobierno chileno, se ha negado a Americaeconomica.com cualquier tentativa de intervenir en las negociaciones por parte de Sebastián Piñera o de alguno de sus ministros. «Ni el Gobierno ni el Presidente están involucrados en modo alguno en el proceso de incorporación de nuevos socios ni a ésta [La Polar] ni a ninguna compañía privada del país», ha señalado Constanza Cea, jefa de prensa internacional del Gobierno.
Por otro lado, Claudio González, de la asesoría Tanner, ha afirmado en declaraciones a Americaeconomica.com que el problema, en todo caso, “está muy acotado a La Polar”, por lo que descarta que otras compañías hayan incurrido en el mismo falseamiento de su situación crediticia. Del mismo modo, a pesar de que la oposición ha cargado duramente contra el ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, al que acusan de no haber realizado los controles necesarios, González apunta que “la responsabilidad primera es de la empresa y de sus auditores”, aunque admite que la regulación, más laxa en este caso que la que se aplica, por ejemplo, a los bancos, puede haber favorecido las malas prácticas. En todo caso, el analista rechaza que el escándalo “pueda personificarse en ningún ministro o superintendente”.
La titular de Trabajo, Evelyn Matthei, ha sido contundente al valorar lo ocurrido: «ya es hora de dejar de hablar de malas prácticas y de ocultamiento de información. Esto es estafa, esto es robo y hay que llamarlo por su nombre», ha señalado. Matthei ha pedido a la población que no emprenda medidas de rechazo contra los empleados de la cadena, ya que la culpa no es suya. Lo importante “es encontrar a los culpables, y eso va a demorar, pero aquí claramente hay delito”, ha declarado.
Desde que la pasada semana su directiva descubriera un agujero de casi 400 millones de dólares provocado por la renegociación unilateral de un número indeterminado de créditos morosos, los mercados han castigado duramente a la compañía, cuya cotización ha sido suspendida al menos hasta el viernes 17 de junio. Todavía no se han depurado responsabilidades, aunque el gobierno de Piñera se ha apresurado a asegurar que no habrá un “efecto contagio” hacia otras empresas del mismo sector, como Cencosud.
Esa renegociación ha permitido a la empresa ofrecer una imagen de solidez financiera que no se correspondía con la realidad. En cuanto se hicieron públicas las primeras informaciones, las acciones de La Polar cayeron un 42%, un impacto durísimo para la firma de la que aún no se ha recuperado. Por ello, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ha decidido esta semana suspender la participación en Bolsa de la compañía, ya que el escándalo ha revelado que «el mercado estaba operando con información incompleta».
Incluso el Gobierno del conservador Sebastián Piñera ha tenido que tomar cartas en el asunto para tranquilizar a los inversores. Su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha afirmado que «con la información disponible hasta la fecha, los efectos de este caso son limitados y no ponen en riesgo la solvencia o liquidez del mercado de capitales o de la banca, la seguridad de los fondos de pensiones, ni el normal funcionamiento del sistema de pagos». Es decir, que descarta que el escándalo pueda pasarle factura a otras empresas del sector, como Cencosud.
Heriberto Urzúa, recientemente nombrado presidente de La Polar y que se ha encontrado con el escándalo, ha afirmado que se tomarán medidas contra la directiva anterior, cuya gestión parece ser la responsable del agujero. “Mi juicio al respecto y el del directorio es irrelevante. Estamos cumpliendo con nuestra obligación para que se conozca qué pasó y por qué pasó. Nuestro rol no es juzgar, sino que tomar el control de la situación y hacer todo lo que sea necesario para recomponer la situación con los clientes afectados. Iniciaremos las acciones legales que correspondan para identificar y perseguir a los responsables, eso está en manos de los abogados”, ha señalado Urzúa en una entrevista al diario chileno La Segunda.
De entrada, La Polar ha contratado a la auditora Deloitte para que investigue las cuentas y aclare lo ocurrido. Al parecer, la mala gestión se ha producido en relación a los clientes de tarjeta de crédito, cuyas deudas podrían haber sido repactadas sin su consentimiento, lo que habría ocultado la verdadera situación financiera de la compañía, que ha anunciado que tardará al menos tres meses en calcular las provisiones que necesitará para hacer frente al escándalo. Mientras, se espera que la Fiscalía investigue el caso en las próximas semanas y se esclarezca lo ocurrido.
