Petróleos de Venezuela (PDVSA), como principal financiador del Estado, es una herramienta que ha de cuidarse con delicadeza. La empresa, sin embargo, ha sufrido duras arremetidas en las últimas semanas. A una estafa millonaria sobre la base de su Fondo de Pensiones (560 millones de dólares), se le han unido un nuevo crédito chino, que será devuelto con la entrega de petróleo, y una posible indemnización de 12.600 millones a EXXON y Conoco, que fueron expulsadas del país. Mientras tanto, la petrolera estatal va perdiendo cintura ante los sucesivos golpes. La ecuación parece sencilla. PDVSA es una herramienta de incalculable valor, por su capacidad de financiación, para los planes sociales que está aplicando el Gobierno de Hugo Chávez. Petróleos de Venezuela (PDVSA), como principal financiador del Estado, es una herramienta que ha de cuidarse con delicadeza. La empresa, sin embargo, ha sufrido duras arremetidas en las últimas semanas. A una estafa millonaria sobre la base de su Fondo de Pensiones (560 millones de dólares), se le han unido un nuevo crédito chino, que será devuelto con la entrega de petróleo, y una posible indemnización de 12.600 millones a EXXON y Conoco, que fueron expulsadas del país. Mientras tanto, la petrolera estatal va perdiendo cintura ante los sucesivos golpes. La ecuación parece sencilla. PDVSA es una herramienta de incalculable valor, por su capacidad de financiación, para los planes sociales que está aplicando el Gobierno de Hugo Chávez.
Solo en 2010, los ingresos de la petrolera estatal financiaron proyectos de esta naturaleza por valor de 20.038 millones de dólares. Incluso entre los más críticos, pocos niegan el derecho del Estado a valerse de sus ingresos, provengan de donde provengan, para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, algunos lamentan que este derecho conlleve un perjuicio para la empresa.
No en vano, y según datos del propio ministro de Energía, Rafael Ramírez, PDVSA invirtió el año pasado 11.878 millones de dólares dentro de un plan para aumentar en 50% la producción de crudo hasta 2015. Estas inversiones, que muchos consideran deficitarias, han provocado dudas sobre su capacidad para mantener su actual producción. Si esto ocurriese, las dificultades para servir a sus clientes serían catastróficas, mientras que los gastos sociales deberían sufrir un recorte drástico. Al Gobierno le interesa, por lo tanto, que PDVSA funcione correctamente. Sin embargo, parece empeñado en poner piedras en el camino.
Las mayores críticas han partido de aquellos que consideran que la petrolera estatal se está endeudando en exceso. La última noticia en este sentido partió del propio Hugo Chávez, que el domingo pasado, durante el programa televisivo que protagoniza, “Aló Presidente”, aseguró, sin precisar el monto, que la Ministra de Comercio, Edmée Betancourt, equipos del Ministerio de Planificación y Finanzas y Pdvsa, están gestionando un nuevo crédito chino. Las especulaciones han sido numerosas. Hay quien sitúa la cuantía del mismo en los 4.000 millones de dólares y quien lo eleva hasta los 10.000 millones.
En cualquier caso, sea cual sea la cuantía, la contrapartida sería, según los analistas, el petróleo de PDVSA. Vendría a unirse a la deuda que Venezuela ya tiene adquirida con el país asiático y que se está abonando de esa manera. Según datos publicados en el diario El Nacional, el endeudamiento desde 2007 ha alcanzado los 32.000 millones de dólares, que Venezuela está abonado con la entrega de 200.000 barriles diarios en 2010 y de 250.000 barriles diarios desde el inicio de 2011.
Pero esta vía de endeudamiento no es la única. PDVSA ha emitido en los últimos meses bonos que han elevado su deuda financiera a 24.900 millones de dólares. La desconfianza de los inversores hacia la gestión que el Gobierno chavista está haciendo de la empresa nacional, así como del clima político y económico que se vive en el país, ha derivado en que el interés que la petrolera tiene que abonar para colocar esos papeles, se haya incrementado por encima de lo razonable.
El clima que los inversores perciben en torno a la petrolera no es casual. La primera semana de marzo ha desvelado otro de los problemas que giran constantemente en derredor, el de los jubilados y ex trabajadores de PDVSA. La cúpula directiva de la compañía, con Rafael Ramírez, ministro de Energía, al frente, confió parte del dinero de sus Fondos de Pensiones a un banquero que lo gestionaba para aumentar la rentabilidad. Pues bien, el gestor, Francisco Illarramendi, ha sido detenido por fraude en EEUU y se enfrenta a una condena de 70 años de cárcel. Él mismo ha reconocido que dirigía una estafa piramidal y que utilizó el dinero de la petrolera venezolana para mantener en marcha el fraude. Las perdidas ascienden a 540 millones de euros para la estatal.
La última noticia negativa se ha producido este viernes. Este año debe finalizar los arbitrajes internacionales emprendidos por Exxon Mobil y Conoco Phillip, que reclaman indemnizaciones por las inversiones realizadas en Venezuela y que, tras ser expulsadas del país, no pudieron explotar. Pues bien, según el diario El Nacional, que cita datos de Barclays, PDVSA estaría negociando ya las multas, que se elevarían hasta los 12.600 millones de dólares y que abonaría, como ya viene siendo habitual, por medio de la cesión de petróleo.
La importancia económica de PDVSA para Venezuela es palpable. El 92% de las divisas que entran en el país lo hacen por medio de las ventas de la petrolera. Sus aportes fiscales, que este año sufrieron una reducción del 24%, se elevaron hasta los 16,320 millones de dólares. Mientras tanto, el Fondo de Desarrollo de la Nación (Fonden) recibió aportes por el orden de 1.300 millones de dólares. Es, como se dice comúnmente, la gallina de los huevos de oro, una gallina que el Gobierno de Chávez debería esforzarse por cuidar.
