La oposición boliviana últimamente no logra levantar cabeza. Tras el triunfo aplastante de Evo Morales en las elecciones presidenciales, ahora tiene que hacer frente a una ofensiva jurídica. Hace unas semanas el mandatario amenazó con cambiar la ley para poder meter en la cárcel a su principal rival de la derecha Manfred Reyes Villa. Aún no lo ha hecho, pero su Gobierno sí ha demandado ya al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por fraude fiscal. La oposición boliviana últimamente no logra levantar cabeza. Tras el triunfo aplastante de Evo Morales en las elecciones presidenciales, ahora tiene que hacer frente a una ofensiva jurídica. Hace unas semanas el mandatario amenazó con cambiar la ley para poder meter en la cárcel a su principal rival de la derecha Manfred Reyes Villa. Aún no lo ha hecho, pero su Gobierno sí ha demandado ya al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por fraude fiscal.
Mientras Costas prepara su defensa, Reyes Villa ha tomado otro camino. Ha decidido huir de la justicia y esta desaparecido desde la semana pasada. El principal rival de Evo ha argumentado que si se presenta ante la Justicia para responder por la acusación de fraude fiscal durante la época en la que fue gobernador de Cochabamba, será detenido.
El pasado lunes 21 Reyes Villa habló con el diario La Razón para anunciar que se encuentra en «algún lugar de Bolivia» y que se declara como un «perseguido político». Además el político boliviano aseguró a este rotativo que no tiene miedo, pero sí preocupación por la forma en la que está actuando el Gobierno, en lo que ha considerado una persecución política que tiene un solo objetivo: verle detrás de las rejas.
La semana pasada, la gobernación de Cochabamba pidió a la Fiscalía la detención de Reyes Villa por considerar que existen irregularidades durante su gestión como prefecto (2007-08), que el imputado considera totalmente falsas.
Evo ha negado que exista una persecución contra el dirigente político y ha afirmado que la acción contra éste es responsabilidad de la Justicia, la obligación del Gobierno a través del Ministerio de Corrupción es denunciar, y ha señalado que el que nada tiene nada teme.
Además, el Ejecutivo ha presentado ante la Fiscalía General una demanda contra el gobernador de Santa Cruz, el opositor Costas, por utilizar fondos públicos para impulsar un referendo popular sobre autonomías regionales en 2008, que el gobierno consideró ilegal.
Esta denuncia ya había sido presentada el año pasado ante la Fiscalía departamental de Santa Cruz, y, según el gobierno, el proceso está frenado por influencia política de Costas. Ya el gobierno anunció hace algunos meses que demandas parecidas se realizarán contra otros dos prefectos opositores, Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), que también convocaron a referendos populares, en la línea de Santa Cruz.
Un cuarto departamento, Pando, también realizó referendo, pero su prefecto, Leopoldo Fernández, ya está en la cárcel, acusado de haber propiciado la matanza de una docena de opositores en septiembre de 2008, lo que también es calificado por éste de persecución política.
Las demandas que impulsa el Gobierno se producen en medio de la etapa pre electoral para el nombramiento de gobernadores y alcaldes de todo el país que se realizará el próximo 4 de abril, comicios en los que Costas, Cossío y Suárez anunciaron su intención de ser reelegidos.
En las elecciones generales del pasado 6 de diciembre, que Morales ganó con más del 64% de los votos, perdió en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz y ganó por escaso margen en Tarija.
