La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha aprobado una nueva ley en la que la mujer que haya sido objeto de violencia sexual contará con protección del Estado para poder usar la píldora del día después, lo que ha desatado la ira de la Iglesia sólo una semana después de la visita del Papa al país para celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ). La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha aprobado una nueva ley en la que la mujer que haya sido objeto de violencia sexual contará con protección del Estado para poder usar la píldora del día después, lo que ha desatado la ira de la Iglesia sólo una semana después de la visita del Papa al país para celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).
Tal y como informa el diario El País, la ley ha sido aprobada por el Congreso sin vetos y ha provocado un revuelo en varias confesiones religiosas que se reunieron con la mandataria para pedirle que vetase algunos de los puntos de la ley.
Según la comunidad, la nueva norma abre la puerta a la legalización del aborto, ya que la Seguridad Social estará obligada a informar a la mujer que haya sufrido un abuso sexual su derecho a abortar en el caso en el que estuviese embazada.
En concreto, esta ley permite usar “profilaxis de embarazo” o la píldora del día después, lo que no convence a los religiosos, pues en la ley se contempla que lo único que haga falta para pedirla sea la palabra de la supuesta víctima de esta violencia.
La ministra de Cultura, Marta Suplicy, ha salido en defensa de la ley y ha afirmado que lo único que pretende esta normatica es una “política pública de protección a la mujer” que no busca la confrontación con las comunidades religiosas.
El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, ha comentado a su vez que la idea del congreso es “un trato humanizado y respetuoso hacia las victimas de violación”, de hecho también pretende ofrecer ayuda psicológica a las víctimas y a cualquier ciudadano interesado.
Por otro lado, el Gobierno pretende informar a los ciudadanos de cualquier edad en materia de enfermedades sexualmente transmisibles, como la hepatitis viral y el VIH.
Aunque ya han salido algunos objetores, como el jurista católico Ives Sandra Martins, que ha tachado la ley de ambigua. Con esta ley “cualquier mujer que desee abortar puede llegar a un hospital pública y decir ‘he sido violada’ y los médicos estarán obligados a realizar el aborto so pena de ser castigados”, comentaba.
Ha habido muchas especulaciones sobre esta ley, algunos pensaban que la presidenta vetaría alguno de los puntos de la ley, sobre todo por la presión de los líderes religiosos, aunque finalmente ha decidido seguir adelante con el texto al completo.
