El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa han presentado en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda un paquete de reformas económicas con las que no están de acuerdo los empresarios. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa han presentado en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda un paquete de reformas económicas con las que no están de acuerdo los empresarios.

Durante su intervención han querido dejar claro que la responsabilidad sobre este tema ahora recae en la Secretaría de Comercio, que será la autoridad responsable de que se cumpla, entre otras cosas, la ley de abastecimiento.

El decreto con la reglamentación del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento de Bienes e Insumos lo publicó el pasado jueves el Boletín Oficial y se reconoció que el Gobierno y el sector empresarial siguen sin estar de acuerdo en diversos temas.

Los acuerdos con China, la inflación, la recesión y otros conflictos económicos y políticos son, como señala La Nación, algunas de las preocupaciones que asaltan a los trabajadores y empleadores del sector.

El sector empresarial ha señalado que este decreto “refuerza el temor a una posible aplicación de la ley”, que se sancionó en septiembre de 2014 y ha sido llevada a la Justicia en diciembre por parte del Grupo de los Seis, que considera que en esta reglamentación hay varios artículos que limitan la libertad de empresa y de comercio y violan garantías constitucionales.

Desde el punto de vista de los trabajadores y empleadores del sector, en declaraciones al diario argentino, todos los artículos que conforman la ley “son muy peligrosos en términos de libertad económica”.

La demanda, promovida por los empresarios de la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Privados Argentinos, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural Argentina, se presentó en diciembre y actualmente está en transcurso ‘normal’, según fuentes judiciales.

El paso siguiente es determinar cuál es el fuero competente y una vez resuelta esta cuestión el juicio seguirá su trámite. La decisión de los empresarios de ir a juicio tiene que ver con su consideración de que el nuevo reglamento va en contra de la Constitución del país presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

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