La jornada de manifestaciones estudiantiles a favor de una educación gratuita y de acceso universal en Chile acabó de la peor manera: con cargas policiales, enfrentamientos urbanos, 874 estudiantes detenidos en todo el país y 90 carabineros heridos. Las protestas, que no habían sido autorizadas por el Gobierno, han enquistado aún más un conflicto que se le viene encima a Piñera cada vez con más fuerza: según los últimos sondeos, la popularidad del presidente conservador ha caído a un depauperado 26%, con un 53% de rechazo ciudadano a su gestión. La jornada de manifestaciones estudiantiles a favor de una educación gratuita y de acceso universal en Chile acabó de la peor manera: con cargas policiales, enfrentamientos urbanos, 874 estudiantes detenidos en todo el país y 90 carabineros heridos. Las protestas, que no habían sido autorizadas por el Gobierno, han enquistado aún más un conflicto que se le viene encima a Piñera cada vez con más fuerza: según los últimos sondeos, la popularidad del presidente conservador ha caído a un depauperado 26%, con un 53% de rechazo ciudadano a su gestión.
Mario Aguilar, dirigente nacional del Colegio de Profesores, órgano de asociación principal en las reclamaciones de una mejora educativa, ha analizado para este diario la actual situación chilena. “La de ayer fue una jornada en la que asistimos a una represión brutal que no se veía desde los tiempos de Pinochet, con el uso de gases, una actitud muy agresiva de la policía y la ocupación militar de las calles”, ha declarado Aguilar, que también ha querido recordar “la parte positiva, la gran reacción de la población, de una masividad inesperada y muy impactante”. Para el mandatario, los casos de violencia fueron mínimos «y en todo caso originados por la provocación de la policía».
El dirigente aclara que las protestas se mantienen debido a que el Gabinete de Piñera no ha aceptado ninguna de las peticiones principales de los estudiantes. “Queremos que el Gobierno dé una señal de que entiende el clamor y abra un diálogo, porque no estamos cerrados al diálogo”, ha continuado Aguilar. Del mismo modo, este diario ha sabido que las protestas se mantendrán y que se incrementarán las movilizaciones de distinto tipo próximamente.
De hecho, los estudiantes han lanzado un ultimátum a Piñera y a su ministro de Educación, Felipe Bulnes, para que acepten antes de seis días sus propuestas de mejora para el sistema educativo. Bulnes, por su parte, se ha mostrado tajante y ha señalado ante los medios que «no nos vamos a mover por un ultimátum» y que «vamos a adoptar las medidas necesarias, me voy a encargar que los escolares no queden cautivos por las decisiones de otros».
Las cargas policiales y los gases lacrimógenos aparecieron durante toda la jornada de ayer, en un clima de enfrentamiento entre fuerzas de seguridad del Estado y estudiantes, cuya marcha por Santiago no había sido autorizada por intendencia. De ahí que el Gobierno de Piñera se defienda de los que le acusan de haber llevado a cabo detenciones masivas con el argumento de que las concentraciones no eran legales.
El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, ha seguido esa línea en su comparecencia pública ante los medios para analizar la situación. «El derecho constitucional a reunirse está sujeto a una solicitud, a una autorización cuando se desarrolla en lugares públicos, y eso hay que presentarlo a la intendencia, y la intendencia determina el lugar en que se ejerce el derecho», ha declarado.
Las medidas por parte de los estudiantes no se han hecho esperar. Camila Vallejo, popular líder estudiantil, junto a representantes de profesores y asociaciones ciudadanas, ha presentado una denuncia contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por lo que considera una actuación irregular de la policía. «Estamos querellándonos contra el ministro Hinzpeter por el proceder represivo que tuvo el día de ayer, donde se violaron, además de libertades constitucionales, como el derecho de reunión y desplazamiento por la vía pública, hubo detenciones ilegales y represión contra particulares», ha señalado ante los medios Vallejo.
Chadwick ha salido al paso de la acusación lanzada por los estudiantes y ha declarado que «si hay denuncias con respecto al abuso de la fuerza, que la dirigenta de la Fech [Camila Vallejo] dijo que iba a ir a la Defensoría Pública, nadie quiere que ningún carabinero actúe al margen de la ley, la ley es para todos, si hay denuncias ellos tienen como procesarlas o hacerlas llegar a la Dirección de Carabineros, pero no olviden, que hay 90 carabineros heridos, y gracias a Dios no tenemos ningún manifestante herido».
Los cruces de acusaciones y el recrudecimiento del conflicto llegan en el peor momento posible para Sebastián Piñera, cuya popularidad se ha desplomado de manera vertiginosa en los últimos meses por la conflictividad social que asola Chile desde que inició su mandato. Ecologistas, mineros, estudiantes y grandes partes de la ciudadanía ven con malos ojos su gestión, que según los últimos sondeos ha alcanzado un 52% de desaprobación. Sin embargo, el dato más sangrante puede ser el de su popularidad, que ha vuelto a caer y se sitúa en un 26%, la peor valoración jamás dada a un líder chileno en las últimas dos décadas.