El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha amenazado con recurrir a la ‘muerte cruzada’, estipulada por la Constitución y que le da derecho a disolver la Asamblea Nacional. El motivo, según él, es la imposibilidad de sacar adelante las leyes en votación por los conflictos que se producen en la cámara, motivados por la oposición. Esta semana, la Asamblea ha rechazado tres leyes que propuso Correa, como son la ley de reforma del régimen monetario y el Banco Central de Ecuador, la ley de Educación y la de Comunicación. Ha sido la primera vez que el mandatario ecuatoriano ve rechazado un proyecto de ley en los tres años que lleva el partido soberano, Patria Altiva y Soberana (PAIS), en el poder. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha amenazado con recurrir a la ‘muerte cruzada’, estipulada por la Constitución y que le da derecho a disolver la Asamblea Nacional. El motivo, según él, es la imposibilidad de sacar adelante las leyes en votación por los conflictos que se producen en la cámara, motivados por la oposición. Esta semana, la Asamblea ha rechazado tres leyes que propuso Correa, como son la ley de reforma del régimen monetario y el Banco Central de Ecuador, la ley de Educación y la de Comunicación. Ha sido la primera vez que el mandatario ecuatoriano ve rechazado un proyecto de ley en los tres años que lleva el partido soberano, Patria Altiva y Soberana (PAIS), en el poder.
La llamada ‘muerte cruzada’, de acuerdo a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución, permite al presidente de Ecuador “disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le comopetan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o ,si de forma reiterada e injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna”. Rafael Correa podría recurrir a esta disolución para poder convocar elecciones anticipadas y volver así a lograr una mayoría en el Congreso. El artículo constitucional establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
El presidente de Ecuador tiene la facultad de disolver el Legislativo sólo una vez en los tres primeros años de su mandato. Tres años son, precisamente, lo que lleva Correa en el cargo.
Rafael Correa culpó a la “partidocracia”, los partidos políticos tradicionales de derechas, de generar frecuentes conflictos en el Legislativo e intentar así frenar la aprobación de las leyes presentadas. Según sus palabras, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar las reformas legales, pero la oposición las bloquea por la fuerza.
Según las fuentes consultadas por Americaeconomica.com, la situación del mercado ecuatoriano está ya de por sí muy delicada, y esto podría traer aún más repercusiones negativas. En el ámbito interno, habría un mayor nerviosismo del que hoy por hoy existe. Debido a la incertidumbre de qué pasará en el aspecto tanto político como económico, los mercados locales llevan ya dos meses bastante pasivos.
Por otra parte, la presentación de la ‘muerte cruzada’ de Rafael Correa podría traer complicaciones también en los mercados internacionales. El Tesoro ecuatoriano planea emitir una nueva deuda. Si la dimisión del presidente del país se produjese, esto afectaría a la decisión en cuanto a la financiación y la inversión en esta deuda soberana.
Americaeconomica.com ha intentado ponerse en contacto con el Gobierno de Ecuador, pero no ha sido posible.
Rafael Correa se encuentra en un movimiento tenso por parte de la oposición. Esta semana ha sido rechazado uno de los proyectos de ley, que reformaría el régimen monetario y el Banco Central de Ecuador, y el gobierno ha suspendido la votación de otras dos propuestas legales.
La ley monetaria busca reducir los sistemas de cuentas del Banco Central de las reservas de dólares a tres, respecto a los actuales cuatro, uniendo las cuentas separadas de los depósitos de los sectores privados en un sistema común con las reservas de los bancos estatales. También permitiría al instituto monetario emitir bonos a cortos plazos en mercados internos e internacionales, así como invertir en empresas locales a un largo plazo.
Por otra parte, el gobierno de Rafael Correa ha suspendido en varias ocasiones las votaciones de dos leyes a las cuales la oposición muestra un gran rechazo.
Una es la ley de Comunicación, según la cual el presidente ecuatoriano proponía la creación de un Consejo de Comunicación que regulara y supervisara los medios. El organismo tendría siete miembros, de los cuales dos serían nombrados directamente por el presidente y los otros cinco serían designados por la ciudadanía, a través del Consejo de Participación Ciudadana, las facultades de Comunicación del país y el Consejo de Igualdad. Además, la ley permitiría al Estado contar con espacios gratuitos de información en los medios audiovisuales para transmitir cadenas nacionales o para difundir temas de interés nacional.
Algunos medios privados, a los que Correa acusa de difundir información inexacta sobre su gestión, iniciaron una campaña para rechazar esta reforma. La ley necesitaba contar con 63 votos de los 124 asambleístas para ser aprobada.
Por otra parte, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, ha suspendido de nuevo la votación de la Ley de Educación, que ya retrasó dos veces la semana anterior.
El texto sobre la educación contempla que las universidades no podrán realizar actividades económicas, productivas o comerciales ajenas a su naturaleza, aunque admite que los centros puedan crear empresas independientes de las instituciones educativas para realizar estas funciones. Además, dice que la financiación que el Estado entrega al Sistema de Educación Superior debe incrementarse gradualmente, hasta llegar al 5% del presupuesto general del Estado. También se prohíbe crear universidades durante los cinco años posteriores a la promulgación de la ley, aunque con ciertas excepciones. Uno de sus aspectos más polémicos es la creación de un Consejo de Educación Superior, integrado por seis directivos elegidos por concurso, cuatro representantes del Ejecutivo y uno de los estudiantes.
Algunas autoridades académicas y estudiantes critican esta reforma, ya que consideran que eliminaría la autonomía universitaria y permitiría al Estado tener un control total en los centros de educación superior.
Según el Gobierno de Rafael Correa, la ley, que se debate desde noviembre del 2009, articularía el funcionamiento de las universidades con la educación media y primaria, y respondería a las necesidades establecidas en un Plan Nacional de Desarrollo del Estado.
