El Golpe

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El caso de Irlanda se ha convertido en el paradigma perfecto de la crisis de la deuda soberana europea provocada por los especuladores financieros, y que finalmente repercutirá, como no podía ser de otro modo, en el bolsillo de los contribuyentes. De hecho, se calcula que cada familia irlandesa sufrirá una reducción en su renta de 4.600 euros anuales durante un periodo de cuatro años, 18.400 euros en total. Un dinero que se volatilizará para financiar un rescate bancario, digno de una historia hollywoodiense, en la que unos magos de guante blanco realizan el prodigio de convertir en deuda pública, las pérdidas provocadas por una mala gestión privada. El caso de Irlanda se ha convertido en el paradigma perfecto de la crisis de la deuda soberana europea provocada por los especuladores financieros, y que finalmente repercutirá, como no podía ser de otro modo, en el bolsillo de los contribuyentes. De hecho, se calcula que cada familia irlandesa sufrirá una reducción en su renta de 4.600 euros anuales durante un periodo de cuatro años, 18.400 euros en total. Un dinero que se volatilizará para financiar un rescate bancario, digno de una historia hollywoodiense, en la que unos magos de guante blanco realizan el prodigio de convertir en deuda pública, las pérdidas provocadas por una mala gestión privada.

Las ‘isla esmeralda’, que en 2007 (antes de que se iniciase la crisis) presentaba un ratio de endeudamiento de un 19,8%, uno de los más bajos de la Unión Europea y un tercio inferior al 60% que permite el pacto de estabilidad de Maastricht, ha visto como en apenas dos años el porcentaje se elevaba hasta el 46%, o lo que es lo mismo, en 53.000 millones de euros. Este incremento se produce sin que Irlanda, uno de los países más liberales, con un impuesto de sociedades, por ejemplo, de apenas el 12,5% (el más bajo de la UE), haya aumentado lo más mínimo sus servicios públicos. Al contrario, la mayor parte del dinero, 46.000 millones de euros, ha ido destinado al rescate del sector financiero irlandés.

La feroz desregulación financiera del boom económico animó a la banca a endeudarse demasiado para financiar una concentración de riesgo excesiva en el sector de la construcción. A finales de 2008, Dublín tuvo ya que garantizar el 100% los depósitos y los bonos emitidos por las entidades financieras y la crisis financiera dio paso a otra fiscal. Sin embargo, los mayores accionistas de los bancos, entre los que se encontraban algunos de los grandes bancos de inversión mundiales, no han reconocido ninguna responsabilidad. Un ejemplo es el caso del Anglo Irish Bank, hoy controlado al 100% por el Estado, pero que en 2007 contaba con UBS (5,7%), Janus Capital (5,4%) o Invesco (6,7%) entre sus accionistas de referencia.

Mientras, los costes de la deuda del ‘Tigre Celta’ se encuentran por las nubes. Tanto, que el Gobierno, pese a su férrea resistencia inicial, ha capitulado y se ha visto obligado a aceptar la ayuda internacional de la UE y el FMI. Aunque aún se desconocen los detalles del rescate, que podría rondar los 90.000 millones de euros, lo que es seguro es que los irlandeses pagarán más impuestos y sufrirán un tijeretazo en las prestaciones sociales y en los sueldos de los funcionarios.

De hecho, la Administración Cowen pretende subir el IVA al 23% y recortar el gasto público en 10.000 millones de euros. Entre los ahorros destaca la supresión del 8% de los empleos públicos (24.750), una baja de las prestaciones sociales (por desempleo y por hijos) de 2.800 millones de euros en cuatro años, una reducción de las pensiones (entre un 6% y 12%) y una reducción del sueldo mínimo, de 8,65 euros/hora a 7,65 euros. El impuesto de sociedades, sin embargo, no se tocará, a pesar de las presiones de Francia y Alemania.

Otro de los debates abiertos en la isla es la compensación que recibirán los tenedores de los bonos de la banca irlandesa. Una de las posibilidades contemplada en las conversaciones entre funcionarios de la UE y del FMI es la conversión de los títulos de deuda en acciones comunes una vez que las entidades salgan de la tutela pública. La idea es persuadir a los tenedores para que se involucren en el rescate, valorado en 85.000 millones de euros, y acepten al menos un descuento en el cobro de sus bonos.

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