Dilma Rousseff y Sebastián Piñera, extraños compañeros de cama

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Sudamérica vive en estos momentos un fuerte proceso de crecimiento que está creando tensiones acusadas en el plano medioambiental. Chile y Brasil, auténticos motores del cambio económico en la región, son dos ejemplos paradigmáticos del difícil equilibrio que reina entre la protección de la naturaleza, objetivo deseable y sancionado en diversos tratados internacionales, y las exigencias energéticas cada vez mayores que el crecimiento de sus sociedades requiere. Así, ambas naciones se enfrentan a ecologistas y ciudadanos por la construcción de sendas presas, una en el Amazonas y otra en la Patagonia, que sus gobiernos defienden como absolutamente necesarias para surtir de electricidad a los países. Sudamérica vive en estos momentos un fuerte proceso de crecimiento que está creando tensiones acusadas en el plano medioambiental. Chile y Brasil, auténticos motores del cambio económico en la región, son dos ejemplos paradigmáticos del difícil equilibrio que reina entre la protección de la naturaleza, objetivo deseable y sancionado en diversos tratados internacionales, y las exigencias energéticas cada vez mayores que el crecimiento de sus sociedades requiere. Así, ambas naciones se enfrentan a ecologistas y ciudadanos por la construcción de sendas presas, una en el Amazonas y otra en la Patagonia, que sus gobiernos defienden como absolutamente necesarias para surtir de electricidad a los países.

El caso de Brasil es un buen ejemplo del enorme salto que ha vivido la región. Con una tasa de crecimiento anual en torno al 5%, amplias capas de la población han entrado a formar parte de las clases medias, con el incremento en el consumo de electrodomésticos como neveras o lavadoras que ha ocasionado. De ese modo, la demanda de energía se ha disparado no sólo para las grandes compañías, sino también para el consumo humano diario.

Por ello, Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, ha dado el sí a la construcción de una enorme presa en el río Xingu, en el Estado de Pará y en la órbita del Amazonas, que se convertirá en la tercera mayor terminal hidroeléctrica del mundo, sólo superada por la de Three Gorges, en China, y la de Itaipu, en la frontera entre Brasil y Paraguay. El proyecto costará 17.000 millones de dólares, es gestionado por la eléctrica estatal Eletrobras y su objetivo es producir 11.200 megavatios a partir del año 2015. La presa llevará el nombre de Belo Monte y fuentes gubernamentales han indicado que su construcción es indispensable para dotar de energía a un Brasil en expansión. El proyecto está siendo desarrollado por el consorcio Norte Energia, controlado por la compañía eléctrica Eletrobras y su subsidiaria Eletronorte. Se espera que para cuando sea completado proporcione el 11% de la energía total brasileña.

Del mismo modo, el gobierno chileno de Sebastián Piñera también ha considerado necesario implementar un gran proyecto hidroeléctrico, HidroAysén, que prevé la construcción de cinco grandes presas en la zona de la Patagonia. La seguridad energética es una de las obsesiones de Piñera, ya que Chile crece a un ritmo anual muy fuerte, 9,8%, el más alto de la zona, y se teme que el sistema no pueda seguir el ritmo. «Necesitamos una energía más segura, para no enfrentar riesgos de apagones, y más económica, porque hoy tenemos una energía muy cara, con la que sufren las familias y también el sector productor cuando tiene que competir», indicó Piñera para intentar dar argumentos favorables a HidroAysén.

Ambos proyectos de construcción han generado controversia en los dos países. En Chile, desde que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara el proyecto, las protestas ciudadanas se han sucedido. Según los medios locales, las últimas encuestas hablan de que un 74% de los chilenos está en contra, mientras que entre los habitantes de la región de Aysén (donde se construirán las presas) el rechazo es del 60%. Incluso la Iglesia Católica ha entrado en el debate. “No pueden primar solamente los intereses económicos ni tampoco puede hacerse este proceso a espaldas de las comunidades más directamente afectadas”, indicó la Conferencia Episcopal chilena, dando un duro golpe a las aspiraciones del conservador Piñera.

En Brasil, por su parte, los ecologistas e indígenas de la zona del Amazonas en que se construirá protestan porque consideran que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), el regulador ambiental del gobierno, ha dado el sí al proyecto sin evaluar correctamente el impacto que tendrá en el medioambiente y en las comunidades humanas de la zona. Una preocupación a la que incluso se han unido la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que insiste en el riesgo de que las zonas inundadas en el proceso de construcción afecte a los indígenas de la zona amazónica. «Brasil debe acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender la construcción de la represa de Belo Monte hasta que los derechos de las comunidades indígenas locales estén plenamente garantizados», ha declarado Guadalupe Marengo, subdirectora de la organización en Sudámerica.

Las críticas a Dilma llegan en mal momento para la presidenta. Brasil, considerado uno de los pulmones verdes del mundo por su gran extensión de selva y bosque, vive en estos momentos un fuerte proceso de deforestación que ha desatado todas las alarmas de ecologistas y asociaciones de protección del medioambiente. El Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil ha revelado que 593 kilómetros cuadrados de bosque del Mato Grosso desaparecieron entre marzo y abril, lo que supone un aumento que prácticamente quintuplica los números del pasado año, en que sólo se perdieron 103. Los terratenientes de la agricultura y ganadería, amparándose en el fuerte crecimiento del país, demandan más espacio para sus actividades y han impulsado una reforma del Código Forestal que reduce la cantidad de bosques que están obligados a preservar. La presión de la industria agropecuaria, que desea más territorio despejado para sus cultivos, es por tanto un fuerte enemigo para los propósitos públicos de Dilma de erigirse en defensora de la naturaleza.

En definitiva, Chile y Brasil son dos ejemplos de cómo las aspiraciones económicas en ocasiones fuerzan una presión sobre el medioambiente que algunos agentes sociales y amplios sectores de la ciudadanía consideran rechazable. Las necesidades energéticas de ambos países se incrementan a un ritmo muy acelerado que exige fuertes medidas de ajuste medioambiental que hasta este momento eran desconocidas en el continente. Así, tanto Piñera como Dilma deberán enfrentarse a sus respectivas opiniones públicas y sufrir una previsible pérdida de popularidad para sacar adelante sus proyectos energéticos.

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