Susana Barreiros, la jueza que instruye el caso del opositor venezolano, Leopoldo López, ha decidido no liberar al coordinador nacional de Voluntad Popular pese a la solicitud del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Susana Barreiros, la jueza que instruye el caso del opositor venezolano, Leopoldo López, ha decidido no liberar al coordinador nacional de Voluntad Popular pese a la solicitud del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
La jueza ha mantenido, cosa que ya había dicho el propio presidente Nicolás Maduro, que Venezuela es un país soberanos que no acepta injerencias internacionales en los asuntos internos.
Por su parte, el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, ha añadido que Barreiros ha determinado que no ha habido violación del proceso, porque López está detenido por una orden judicial expedida a partir de suficientes elementos de convicción sobre su responsabilidad penal por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, incendio y daños a la propiedad.
Gutiérrez, como señala el diario venezolano El Nacional, se ha quejado que lo peor es que la jueza crea que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no está expresamente establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que es una creación del Consejo de Derechos Humanos.
De ahí que la titular del Tribunal número 28 considere que esta resolución no es vinculante y que no existe razón para que las autoridades venezolanas pongan a López en libertad. En su momento ya lo adelantó la fiscal general de la República, Luisa Ortega, el 15 de octubre, seis días después de que se conoció su contenido.
Desde el diario venezolano recuerdan que Barreiros parece ignorar que, en última instancia el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones, en virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por Venezuela en 1945.
Para la defensa de Leopoldo López debe tenerse en cuenta que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria proviene de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un órgano deliberativo en el cual participa activa y permanentemente el Estado venezolano.
De ahí que Gutiérrez tenga intención de denunciar este desacato ante la ONU y, por consiguiente, ante la comunidad internacional. Igualmente, impugnará el nuevo revés judicial ante la Corte de Apelaciones y si es necesario ante el Tribunal Supremo de Justicia.
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