El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el conflicto armado del país. Este jueves, ante magistrados de la Corte Constitucional, admitió que el Estado colombiano ha violado los derechos humanos y cometió infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el conflicto armado del país. Este jueves, ante magistrados de la Corte Constitucional, admitió que el Estado colombiano ha violado los derechos humanos y cometió infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario.
“En algunos casos por omisión y, en otros, por acción directa de algunos agentes del Estado”, ha dicho el mandatario. Este reconocimiento lo hizo, según publica el diario español El País, después de conocer los resultados del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. En él, además de explicarse los orígenes de la guerra colombiana y la degradación que ha sufrido durante los últimos 50 años, se ha registrado la cifra de 220.000 muertos entre 1958 y 2012, de entre los cuales 180.000 eran civiles.
Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, que en el informe expone 30 recomendaciones para hacer el tránsito hacia la paz, uno de los grandes desafíos es empezar a asumir las responsabilidades. Por eso, propusieron que fuera el presidente quien diera ejemplo siendo el primero.
Santos aceptó la propuesta y, aprovechando que en la sala de audiencias estaban reunidos académicos, altos funcionarios de los diferentes poderes, defensores de derechos humanos y representantes de víctimas, se hizo responsable del asunto: “Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, nuestra responsabilidad es mayor”, dijo.
El presidente colombiano reconoció que empezar a conocer la verdad de lo que ha pasado es un paso valioso que prueba que Colombia puede reconstruir y asumir su pasado. Además, se dirigió a los miembros de las dos guerrillas colombianas, las FARC y el ELN, así como a los paramilitares desmovilizados, para pedirles que ellos también asuman su responsabilidad.
Las declaraciones tuvieron lugar en la audiencia pública convocada por la Corte para discutir el polémico Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en junio de 2012. En agosto, la Corte se pronunciará sobre la demanda que lo acusa de inconstitucional.
Sus defensores, entre los que están el Gobierno, el Fiscal General y la Corte Suprema, lo consideran fundamental para el futuro del proceso de paz con las FARC y para que termine el conflicto. Para sus opositores, sin embargo, esta reforma abre la puerta a la impunidad.
Santos intenta rebatir la teoría de sus contrarios para intentar explicar que el Marco Jurídico para la Paz “satisface, de la manera más amplia posible, los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”. También explicó que la reforma se concentra en investigar y juzgar a los máximos responsables de delitos cometidos durante la contienda, ya que resulta imposible hacerlo con todos.
