El mandatario venezolano parece haber entrado este mes en una especie de catarsis estatizadora. La última semana, además de ocupar las instalaciones del diario “El Nuevo País” para alojar a damnificados por las lluvias, ha señalado directamente a las cadenas de supermercados como posibles víctimas de expropiaciones y apuntado con el dedo 200 nuevos terrenos que podrían seguir el mismo camino. Hay quien considera que la propia amenaza de embargo supone un chantaje para lograr “colaboración”. Sin embargo, con Chávez, las amenazas suelen devenir en realidad. El mandatario venezolano parece haber entrado este mes en una especie de catarsis estatizadora. La última semana, además de ocupar las instalaciones del diario “El Nuevo País” para alojar a damnificados por las lluvias, ha señalado directamente a las cadenas de supermercados como posibles víctimas de expropiaciones y apuntado con el dedo 200 nuevos terrenos que podrían seguir el mismo camino. Hay quien considera que la propia amenaza de embargo supone un chantaje para lograr “colaboración”. Sin embargo, con Chávez, las amenazas suelen devenir en realidad.
Venezuela se despertaba el jueves con la noticia de que las instalaciones del diario “El Nuevo País, marcadamente crítico con el Gobierno chavista, habían sido expropiadas para construir viviendas que alberguen a seis familias afectadas por las lluvias de los últimos meses. Nadie puede negar que el Estado, como garante de los derechos comunes, está obligado a dar soporte a cualquiera que haya visto perturbada su vida por una circunstancia como esta. Pero ¿es este el modo de hacerlo?¿hay algo, además de la pretensión de ayudar, detrás de la noticia?
El presidente venezolano ha adoptado, según algunos analistas, la estrategia de amenazar con la expropiación a diferentes sectores de la economía (bancos, cadenas de distribución de alimentos, medios de comunicación…) con el fin de presionarles para que hagan lo que espera de ellos. La amenaza ha dado resultado en numerosas ocasiones.
Por poner un ejemplo, las entidades bancarias aceptaron participar más activamente en el plan estatal para rebajar el déficit de viviendas. Sin embargo, el clima de inseguridad jurídica generado en el país, ha provocado una perdida creciente de oportunidades de negocio y a huida de inversores internacionales. Son solo dos de los efectos negativos que pueden verse a simple vista.
Bajo esta lectura podría interpretarse el contencioso que Chávez ha abierto esta semana con las cadenas de supermercados. No hace mucho, desde este diario, informábamos de la propuesta que el Gobierno había realizado a la cadena Central Madeirense (CM) para que colaborase con el Estado en la venta de alimentos subsidiados. Después de algún tiempo, la cuestión paso al olvido sin que se alcanzara un acuerdo. Por el contrario, los problemas han hecho de la empresa una entidad expropiable.
La pasada semana, los trabajadores de CM iniciaron un proceso de denuncias hacia la empresa que llegó a su punto álgido con la ocupación de las instalaciones. El conflicto se resolvió el día en que, desde Venezolana de Televisión, el propio Chávez anunciaba que «las grandes cadenas privadas de distribución de alimentos que se presten para la especulación y el acaparamiento deben ser intervenidas con la participación de sus trabajadores y consejos comunales». Ese día, lo trabajadores abandonaron los supermercados.
«Pueden ser posiblemente expropiadas, con eso incrementaríamos las redes socialistas de distribución que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos», afirmó en referencia a esas cadenas de supermercados, dejando claro cuál es el contexto para aquellos que no “pasen por el aro”. Pero si esta es la situación previa a una expropiación, cuando el embargo se ha producido, llega la hora de preguntarse los porqués.
A la pregunta de si, tras la ocupación de las instalaciones del diario “El Nuevo País”, hay otras motivaciones que la de alojar a ciudadanos afectados por las lluvias, la respuesta debe ser afirmativa. Llevada a cabo por 25 funcionarios de la alcaldía del Municipio Libertador en Caracas, el propio editor del diario, Rafael Toledo, ha respondido a la pregunta. “Es una venganza del Gobierno”, ha asegurado.
El diario es conocido en Venezuela por destapar el presunto acuerdo entre los gobiernos de Venezuela e Irán para la instalación de una base de misiles en la Península de Paraguaná, en territorio venezolano, algo que el Gobierno ha rechazado. Esto habría movido a los funcionarios, en palabras de Toledo, a ejecutar una orden de expropiación de las instalaciones del periódico. El editor recuerda que el Estado había intentado expropiar sus propiedades en otra ocasión, pero el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, lo hizo retroceder por tratarse de un medio de comunicación.
Estas dos modalidades, estos dos argumentos, podrían unirse en uno. La expropiación se ha convertido en un modo de decir “cuidado con lo que hacéis” a quienes no acaten las ordenes del Gobierno o perjudiquen sus intereses. Habrá quien, bajo el paradigma que establece que el Estado debe ser garante del bienestar de sus ciudadanos, justifique este modo de proceder. Sin embargo, incluso bajo este axioma, no parece que las amenazas o la aplicación de sanciones de una entidad tan abultada sirvan para beneficiar al conjunto de una sociedad.
