El Gobierno de Venezuela ha denunciado este lunes el «uso tendencioso de los Derechos Humanos» que se está llevando a cabo desde el exterior contra el país con la entrega de un informe sobre esta cuestión al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Peter Grohmann, dos semanas después del estudio presentado por la ONU.
El informe, titulado ‘La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio’ ha sido entregado en Caracas por el fiscal general, Tarek William Saab, durante un acto en el que además del representante de Naciones Unidas, también ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza; y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
La entrega de este documento se produce dos semanas después del informe publicado por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, en el que se alertaba de supuestas violaciones de los Derechos Humanos cometidos en Venezuela.
Dicho informe había sido promocionado por el Grupo de Lima, el foro regional que surgió en 2017 para buscar una solución consensuada a la crisis en el país y donde una gran parte de sus miembros ha mostrado en numerosas ocasiones su beligerancia contra el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
Por su parte, desde el Gobierno, el ministro Arreaza ha explicado que la elaboración de este estudio por parte del Estado busca «denunciar el uso tendencioso y como arma política» que se está llevando a cabo con los DDHH para atacar a Venezuela.
Arreaza ha añadido que en el futuro, representantes del Gobierno de Venezuela viajarán hasta la sede del Tribunal Penal Internacional «para decir la verdad» sobre lo que ocurre en el país y ha criticado que el informe independiente auspiciado por el Grupo de Lima «tiene como objetivo obstaculizar el trabajo» de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
El informe también ha sido presentado al embajador de El Vaticano en Venezuela, Aldo Giordano, en un acto en el que el fiscal Saab ha destacado que las más de mil denuncias registradas contra los Derechos Humanos representan «un trabajo que debe respetarse», pues «busca hacer justicia en favor de las víctimas».
«Si desde hace un año se está trabajando en Venezuela con los organismos de seguridad no tiene sentido que ahora tres expertos a los que se les ha pagado de 3 a 5 millones de dólares emitieran este informe», ha dicho Saab.
