Un juzgado de Bogotá ha fallado este martes a favor de la solicitud de la diputada de la Cámara de Representantes de Colombia por Alianza Verde Katherine Miranda para que el Ministerio de Defensa entregue información sobre el último escándalo de espionaje en el que el Ejército habría hecho seguimiento secreto de varios líderes sociales, políticos de la oposición, periodistas y sindicalistas.
La decisión de la Justicia se produce tras interponer una tutela judicial, una semana después de que la petición de Miranda no fuera tomada en consideración por parte del Ministerio de Defensa. La representante de la Cámara solicitó que toda la información acerca de las conocidas como ‘carpetas secretas’ fuera revelada.
En el recurso presentado, explica el diario colombiano ‘El Espectador’, Miranda pidió a Defensa poder acceder a la documentación denominada ‘Trabajo especial N.1’, en el que se encontraba la lista completa de personas que habían sido espiadas por el Ejército.
Miranda ha señalado que «el Ministerio de Defensa se equivoca negando la información», ya que «se le olvida que sus acciones y su gestión es pública», mientras que el fallo coincide al señalar que el derecho fundamental de la congresista por Alianza Verde a solicitar información de dominio público «está siendo vulnerado».
Puesto que el Ministerio no ha presentado una apelación al fallo judicial, Miranda sostiene que en las próximas horas la cartera de Defensa deberá pronunciarse acatando la orden judicial, en la que se da un margen de 48 horas para que las autoridades «brinden respuesta expresa, completa y motivada» a las preguntas que «no fueron adecuadamente respondidas» en base al «esencial derecho de petición», además de ofrecer una copia de los documentos solicitados.
Entre sus peticiones, Miranda ha solicitado conocer la fuente de financiación «del programa de seguimiento informativo irregular» elaborado entre 2019 y 2020, así como «la información correspondiente a los contratos firmados entre 2019 y 2020 en los batallones de ciberinteligencia (BACIB) y el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI) del Ejército».
Colombia ya se vio inmersa en un escándalo de espionaje hace casi una década por las escuchas telefónicas realizadas por el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe a rivales políticos de todo tipo. La que fuera jefa del DAS, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de cárcel.
‘CARPETAS SECRETAS’
Se trata del último capítulo hasta el momento del caso conocido como ‘Carpetas Secretas’, después de una investigación llevada a cabo por la revista ‘Semana’, en la que se destapaba cómo al menos 130 personas fueron espiadas entre febrero y diciembre de 2019 por unidades del Ejército, sirviéndose de los servicios de Inteligencia para obtener «información de carácter personal», no sólo de ellos sino también «de otras personas con quienes tendrían afinidad o interacción».
La investigación ha destapado que durante ese tiempo, los militares colombianos habrían contado con la colaboración de una agencia de Inteligencia de Estados Unidos, cuyos recursos, destinados para la lucha contra el narcotráfico, fueron desviados para espiar incluso a periodistas estadounidenses, como Nick Casey del ‘The New York Times’, quien en mayo de 2019 reveló los formatos que existían en el Ejército para aumentar el número de bajas, algo que se consideró como el regreso de los ‘falsos positivos’.
Una de las consecuencias de este escándalo fue la retirada de la candidatura del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Nicasio Martínez a delegado del Gobierno colombiano ante la OTAN y la destitución del agregado militar de la Embajada de Colombia en Washington, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, así como la retirada de hasta once oficiales del Ejército y su comparecencia ante la Justicia.
