La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se encuentra en el centro de la última polémica de la clase política del país, al descubrirse que su hermano Bernardo Ramírez Blanco fue condenado en 1997 por narcotráfico en Estados Unidos y que podría haber pagado una fianza de 150.000 dólares para que no entrara en prisión.
El caso ha salido a la luz 23 años después, tras la publicación de un reportaje del portal de noticias La Nueva Prensa, en el que revela cómo el hermano de Ramírez fue detenido cuando intentaba introducir heroína en Estados Unidos a través de la isla de Aruba, un pequeña región insular en el sur del mar Caribe, bajo administración neerlandesa.
Por estos hechos, el Tribunal del Distrito Sur de Florida le condenó a 57 meses de prisión. Como La Nueva Prensa ha recordado, durante la campaña electoral que puso finalmente a Ramírez en la Vicepresidencia de Colombia, ella nunca informó a los electores y a la opinión pública de que tenía un hermano acusado por narcotráfico.
Según revela el mismo medio, Ramírez, junto con su esposo, habría abonado 150.000 dólares para que su hermano no entrara en prisión. Algo que la propia vicepresidenta ha negado este jueves a través de un comunicado, en el que ha explicado que aquel año firmó «una garantía» para que su hermano se presentara ante la Justicia y reconociera su falta.
«Pagó pena de cárcel por cuatro años y medio y hace 18 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar honestamente, hoy es un hombre de bien y, junto a su familia, lleva una vida decente y honrada», ha defendido Ramírez en un texto publicado también en sus redes sociales.
Esta revelación ha vuelto a generar la sospecha de la supuesta connivencia de la clase dirigente colombiana con el narcotráfico, como ha recordado el líder de la izquierda Gustavo Petro.
«La sede del narcotráfico no es la choza del campesino al cual fumigan, golpean, disparan desde fusiles del Estado. Ahí no está la sede del narcotráfico, sino en el Congreso de Colombia, en los clubes sociales, en los Gobiernos», ha manifestado el líder de Colombia Humana, quien ha aprovechado para recordar que el esposo de Ramírez, Álvaro Rincón, tuvo vínculos con el narcotraficante Guillermo León Acevedo.
«Muchos presidentes han pasado por la historia del país haciendo nexos para comprar votos, controlar electorado, con el narcotráfico. Y esa alianza es la que sustenta la oferta de cocaína de Colombia al mundo», ha aseverado.
Palabras similares a las que ha expresado el FARC a través de sus redes sociales. La fuerza política de la extinta guerrilla ha criticado que, mientras este «gobierno de gente de bien» persigue a los campesinos pobres que cultivan hoja de coca, «paga fianzas a los narcotraficantes».
En ese sentido también se ha manifestado el senador por el Partido Social de Unidad Nacional Roy Barreras, que, si bien matiza que Ramírez «no tiene la culpa de tener un hermano narcotraficante», sí es responsable de «esconder ese fantasma a los colombianos mientras persiguen y fumigan humildes campesinos».
Barreras también ha apuntado que poco después de hacer supuestamente el pago de la fianza de su hermano, Ramírez había ocupado el cargo de ministra de Defensa durante el Gobierno de Álvaro Uribe, sobre quien siempre ha sobrevolado el fantasma del narcotráfico, como se ha encargado de volver a recordar la reciente investigación conocida como ‘Ñeñepolítica’.
Quien sí ha salido en su defensa han sido algunos miembros del Gobierno, como la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, o el propio presidente, Iván Duque, quien ha calificado de «acto de vileza» intentar enfangar «a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar».
«Hace 23 años Marta Lucía Ramírez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica», ha escrito en su cuenta de Twitter el jefe del Estado colombiano.
