Un juez de Bolivia ha decretado este domingo prisión preventiva durante tres meses para el antiguo ministro de Salud Marcelo Navajas y otros tres implicados en el caso de los supuestos sobrecostes en la compra de 170 respiradores a una empresa española.
Navajas ha sido enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz junto con el que fuera director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco, y con el también ya cesado director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, además de con el «testigo clave» Luis Fernando Humérez.
En el caso de estas tres personas, el juez Hugo Huacani ha decretado seis meses de prisión preventiva, mientras que otras dos personas implicadas, la exfuncionaria del AISEM, Ana Mendonza, y la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Claudia Pérez, deberán permanecer bajo arresto domiciliario también durante seis meses.
El fiscal Rudy Terrazas ha explicado que la decisión se ha tomado después de considerar que Navajas estuvo al corriente de todo este proceso llevado a cabo por Velenzuela, quien depende directamente del Ministerio de Salud, así como por la declaración de Humérez, uno de los tres intermediarios que corroboró las sospechas preliminares.
Por su parte, la abogada de Navajas, Rosario Canedo, ha denunciado la «injusticia» que supones esta decisión, ya que no sólo es desproporcionada, sino que además «atenta contra el derecho a la legítima defensa».
Canedo ha dicho ante los medios, tal y como ha recogido el diario ‘La Razón’, que se han presentado partes médicos que demuestran la incompatibilidad de esta medida con la salud de Navajas, un hombre «de 62 años con una enfermedad del corazón crónica», por lo tanto, ha apuntado, «si algo le pasa es responsabilidad única y exclusiva de este juez que dictó esta sentencia».
«Tiene unos chips en el corazón donde recibe tratamiento todos los días. Hemos presentado certificados que indican que inclusive lo han resucitado después de haber sufrido un segundo infarto cardiaco», ha expuesto.
La Fiscalía de Bolivia investiga la adquisición de un presunto sobrecoste de 170 respiradores por los que el Gobierno pagó más de 27.000 dólares a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria. La compra ha desatado una grave crisis política en la nación andina.
El Gobierno, que hasta el momento ha desembolsado 2,2 millones, ha frenado la otra mitad del pago de los 170 respiradores con el objetivo de iniciar «un proceso de conciliación» con la empresa española que medió en la adquisición.
Navajas, quien ocupaba el cargo de ministro de Salud desde hace poco más de un mes, fue detenido el miércoles y horas más tarde destituido por la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien prometió mano dura con todos aquellos que tuvieran algo que ver con este caso.
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