Más de 100.000 nicaragüenses han abandonado el país desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega dando lugar a «una grave crisis política y social», según el balance que ha proporcionado este martes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
«Cerca de dos años después de qure Nicaragua se sumergiera en una grave crisis política y social, más de 100.000 personas han huido con denuncias persecución y abusos de los Derechos Humanos en el país buscando asilo fuera», ha indicado la portavoz de ACNUR Shabia Mantoo en una rueda de prensa desde el Palacio de las Naciones de Ginebra.
Mantoo ha enfatizado que «incluso después de que la violencia inicial de abril de 2018 se redujera estudiantes, activistas, periodistas y campesinos nicaragüenses siguen huyendo de su país a un ritmo de 4.000 por mes».
ACNUR ha recordado que «la primera parada de la mayoría de los refugiados nicaragüenses ha sido la vecina Costa Rica», que alberga a 77.000. Además, unos 8.000 han recalado en Panamá, 9.000 han ido a Europa y 3.600 se han dirigido a México. Otros 5.100 están en otros países, lo que eleva el total a 103.600 en todo el mundo.
No obstante, Mantto ha recalcado que, «sin una solución a la vista de la crisis interna, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados espera que estos números crezcan».
Desde octubre de 2019, Costa Rica, con el apoyo de ACNUR, ha optimizado los procedimientos para determinar el estatus legal de los migrantes nicaragüenses para «perfiles comunes», tales como «los que se sabe que han sufrido persecución en Nicaragua», lo cual ha permitido reducir los plazos y acelerar la protección.
Mantoo ha destacado que, también con el apoyo de ACNUR, Costa Rica ha dado acceso a su sistema sanitario a 6.000 solicitantes de asilo de los grupos más vulnerables, lo cual incluye personas con dolencias crónicas o discapacidades, que necesitan cirugía, supervivientes de torturas y personas que viven en extrema pobreza.
Además, ACNUR ha recordado que existe un plan marco de respuesta regional para «abordar los desafíos de las personas desplazadas en y desde Centroamérica», que comprenden atención sanitaria, apoyo psicológico, asistencia alimentaria y alojamiento.
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