Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes prorrogar hasta octubre de 2021 las sanciones que ya aplica el bloque contra seis responsables de violaciones graves de Derechos Humanos en Nicaragua, entre ellos dos asesores del presidente, Daniel Ortega, y varios responsables policiales.
La lista de sancionados incluye a dos asesores de Ortega, Néstor Moncada y la exministra Sonia Castro, así como a tres altos cargos policiales con peso en las acciones de represión: el director general de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz; el que coordinó la acciones contra las protestas de Masaya en 2018, Ramón Avellán; el jefe de la Unidad de Operaciones especiales Policiales, Justo Pastor Urbina; y el principal asesor en la prisión de El Chipote.
En una decisión adoptada en el Consejo de ministros en Luxemburgo, además de prorrogar un año las sanciones, los Veintisiete exigen el cese de la «represión por las fuerzas de seguridad y por los grupos armados progubernamentales».
También llaman al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos con la oposición en marzo de 2019 para restaurar los derechos y garantías civiles, liberar a los presos políticos y celebrar elecciones «creíbles, inclusivas y transparentes» en 2021.
Las sanciones suponen la congelación de sus activos en la Unión Europea y la prohibición de viajar a territorio europeo, una medida que también prohíbe a ciudadanos o entidades europeas facilitar fondos a las personas sancionadas.
La Unión Europea adoptó las primeras sanciones en octubre de 2019 ante la preocupación por el deterioro político y social en el país y como señal de condena firme de la represión contra la oposición política, manifestantes, medios independientes y sociedad civil desde abril de 2018.
A la luz de que la situación no ha mejorado, los Veintisiete siguen «extremadamente preocupados» por el deterioro en la situación democrática y de los Derechos Humanos en Nicaragua.
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