La ONU pide investigar las muertes en los motines por la pandemia en las cárceles de América Latina

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido este martes a investigar las muertes ocurridas en el marco de los motines que se han sucedido en las últimas semanas cárceles de toda América Latina para protestar por la falta de protección ante la propagación del coronavirus en las prisiones.

En el peor incidente de este tipo registrado hasta el momento, unas 50 personas murieron el pasado viernes en un motín en la cárcel venezolana de Los Llanos. También ha habido protestas con víctimas mortales en Perú y Colombia y motines en Argentina, México o Brasil, aunque sin pérdida de vidas.

«La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención», ha dicho el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Colville ha indicado que «los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones», recordando que en estos contextos la fuerza siempre debe usarse conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

«Hacemos un llamamiento a los estados a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los muertos y heridos durante los motines, incluyendo cualquier acusación de violaciones del uso de la fuerza por parte de agentes estatales», ha reclamado.

Colville también ha expresado su preocupación por las «detenciones rutinarias» que se están realizando en algunos países por violar las medidas de confinamiento, lo cual aumenta la población penitenciaria y, con ello, el riesgo de contagio del coronavirus.

En concreto, ha apuntado a El Salvador, donde «recientemente se han impuesto medidas de seguridad extremadamente duras en las cárceles que pueden constituir trato cruel, inhumano o denigrante y pueden también exacerbar las ya precarias condiciones de higiene».

Más allá de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, Colville ha llamado la atención sobre las condiciones en las cárceles latinoamericanas, que son «profundamente preocupantes».

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

«Problemas estructurales preexistentes, tales como el hacinamiento crónico y unas condiciones no higiénicas, combinados con la falta de acceso a la asistencia médica, han permitido una rápida propagación de la Covid-19 en muchas instalaciones penitenciarias», ha denunciado.

Como consecuencia de ello, miles de presos y guardias de prisiones han contraído el coronavirus en América, tanto en el norte como en el sur del continente, lo que sumado a la falta de acceso a servicios básicos, incluida la comida, ha avivado las protestas carcelarias.

En este contexto, ha instado a los países de la región a «adoptar las medidas adecuadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando las condiciones sanitarias y un acceso masivo a test y a asistencia médica entre los detenidos y el personal de seguridad».

Asimismo, ha abogado por permitir los contactos entre los reos y sus familias aunque sea al «nivel mínimo» y facilitarles comida y agua potable, además de informar puntualmente sobre el estado de la población penitenciaria.

«Las condiciones en los centros de detención y en las prisiones y el trato a los detenidos debe ser controlado regularmente por parte de organismos independientes y los presos que caigan enfermos deben ser puestos en un aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir el tratamiento médico apropiado», ha pedido.

EXCARCELACIONES MASIVAS

Por otro lado, ha dado la bienvenida a las excarcelaciones que se han producido de los presos más vulnerables a la Covid-19, como las personas con dolencias previas, las de mayor edad o las embarazadas.

«Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los extremos niveles de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que están cumpliendo penas cortas por crímenes no violentos, así como de menores y migrantes», ha exhortado.

En este proceso, ha señalado, «es esencial que los estados garanticen que estas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos». Colville ha subrayado específicamente que los condenados por crímenes internacionales solo deberían ser excarcelados de forma temporal y bajo «circunstancias excepcionales».

Además, ha urgido a «reducir el uso de las detenciones provisionales, una medidas que debería ser siempre excepcional pero que se ha usado crónicamente un las Américas», y a liberar directamente a las víctimas de detenciones arbitrarias, «sin base legal suficiente», por «crímenes incompatibles con el Derecho Internacional» o simplemente por ejercer sus derechos y libertades.

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