La misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia ha instado este miércoles al Gobierno del país a «modificar» el decreto que autoriza sanciones penales por difundir información que «genere incertidumbre en la población» durante la pandemia del coronavirus.
«El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado», ha indicado la misión en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
En este sentido, han valorado que «la respuesta penal» al ejercicio de la libertad de expresión como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia de la Covid-19 «resulta excesiva».
Así, han recordado las palabras de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que recalcó que «en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias».
«La misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia alienta al Gobierno de Bolivia a hacerlo y se pone a su disposición para lograrlo», han zanjado.
En concreto, el Decreto Supremo 4231 del 7 de mayo castiga con el Código Penal a quienes «difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población».
La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y, en concreto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ya han expresado su rechazo a dicha norma porque «establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión». Políticos bolivianos también la han censurado.
En respuesta a estas preocupaciones, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ha asegurado a los periodistas bolivianos que pueden estar «tranquilos» porque están protegidos por la Ley de Imprenta.
A nivel internacional también se han pronunciado negativamente ante esta situación la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera alejado de la ley el «uso del derecho penal para expresiones de interés público», o la ONG Human Rights Watch (HRW).
La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha adoptado una postura dura para combatir el coronavirus, lo cual incluye una cuarentena nacional que comenzó a relajarse el lunes en función de la incidencia del virus en cada territorio. Hasta el momento, Bolivia ha confirmado casi 3.000 casos de coronavirus y las muertes rozan las 130.
