La OEA muestra su «apoyo» al informe de la ONU sobre Venezuela y pide «rendición de cuentas»

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado este miércoles su «apoyo» al informe publicado por Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al tiempo que ha pedido «rendición de cuentas».

En un comunicado, la OEA ha explicado que los hallazgos y las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas en este sentido son «consistentes» con el contenido de un informe publicado por el organismo en 2018.

Al respecto, el informe de la OEA también identifica la cadena de mando de estos crímenes, 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. En base a ese informe, seis estados que forman parte del Estatuto de Roma remitieron el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación el 26 de septiembre de 2018, ha resaltado la OEA.

Además, el organismo ha insistido en que las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas también están alineadas con otro trabajo sobre Venezuela emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad al Hussein.

Este sostiene que «dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia».

En este contexto, la OEA ha resaltado «las demoras» en cuanto a la «rendición de cuentas» en Venezuela. «En materia de Derechos Humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte», ha señalado.

A su juicio, «Venezuela es un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa». «La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia como ha sido señalado por víctimas del régimen», ha agregado.

Así las cosas, la OEA también ha aludido a su «preocupación» por la «presencia de representantes de la dictadura de (Nicolás) Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas». «La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo», ha criticado, urgiendo a la comunidad internacional «a actuar» al respecto.

ELECCIONES

El organismo también ha considerado que es «necesario» que la comunidad internacional «cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas como han hecho determinados actores internacionales actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura».

Según la OEA, «es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas». «Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada, el colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición», ha remachado.

«No es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia; no es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana, es tiempo de restablecer la democracia en el país», ha zanjado.

EL INFORME

Los expertos de la ONU, que no han podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Nicolás Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.

En este sentido, concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones «flagrantes» de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones «coordinados» con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta Maduro y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Maduro, así como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos, que consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.

El Gobierno de Venezuela, por su parte, ha rechazado el informe y ha recalcado que está «plagado de falsedades», al tiempo que ha reiterado la «cooperación» de Caracas con el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU.

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