La Fiscalía de Bolivia ha comunicado este miércoles que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha rechazado actuar contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), actualmente en Argentina, pues el delito de sedición del que se le acusa es de carácter político.
«Cuando se incorpora la figura de sedición, Interpol interpreta que este delito es de orden político, y nos ha hecho saber que no van a poder llevar adelante la detención», ha explicado el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa.
El fiscal ha añadido que la Interpol considera la sedición un delito de carácter político, y por lo tanto, mientras no se cambie esta categoría dentro de la organización, esta no podrá emitir el ‘sello rojo’ que pretendía el Gobierno, ha informado el diario boliviano ‘La Razón’.
El ‘sello rojo’ de la Interpol autoriza a cualquier cuerpo policial del mundo a llevar a cabo la detención provisional de una persona, a la espera de que sea extraditada, o entregada a la justicia del país en el que se produjo el arresto.
Se trata de la segunda vez que la Interpol rechaza la petición del Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, que también ha acusado a Morales de delitos de terrorismo, entre otros, tras presentar los audios de una conversación telefónica en la que se escucha supuestamente al expresidente incitar a sus seguidores a que continuasen con las movilizaciones y lo bloqueos, que surgieron tras las fallidas elecciones del 20 de noviembre.
Lanchipa ha tenido que comparecer hoy ante los medios para explicar esta situación, después de que el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, criticase a la Fiscalía por una supuesta negligencia en las gestiones para traer de vuelta a Morales al país para ser juzgado.
«Nosotros, cuando se nos ha solicitado, en este como con cualquier otro caso, se envía la transcripción de los delitos por los cuales la persona está siendo requerida y está siendo solicitada a través de la Interpol; en esta transcripción no se puede suprimir ningún delito», ha añadido el fiscal.
Después del supuesto fraude electoral denunciado por la oposición tras su derrota en estos comicios, junto a las presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Morales dimitió y se exilió –primero a México y luego a Argentina–, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por la pandemia de COVID-19. Después, se fijaron para el 6 de septiembre pero se aplazaron de nuevo, lo que también desencadenó protestas y movilizaciones.
El pasado 16 de septiembre, la Fiscalía de Bolivia citó a Morales para que declarase por la denuncia interpuesta en su contra por sedición y terrorismo. Sin embargo, el expresidente argumentó que, debido a su estatus de antiguo jefe del Estado, sólo puede ser procesado mediante un juicio de responsabilidad, si bien las denuncias formuladas hasta ahora en su contra se han tramitado por la vía ordinaria.
