La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se ha vuelto a ofrecer este lunes para mediar en el conflicto que actualmente vive el país y que enfrenta al Gobierno con algunos sindicatos y sectores partidarios del expresidente Evo Morales, quienes han bloqueado las principales vía de acceso a varias zonas y puntos de la geografía boliviana.
La Iglesia Católica ha emitido un comunicado en el que anuncia, que «ante los graves conflictos sociales y la crisis sanitaria que sufre Bolivia», se ofrece nuevamente a «facilitar el diálogo allí donde se requiera», a la vez que ha hecho un llamamiento a la reflexión por parte de todos los actores implicados en el conflicto.
«La vida de los seres humanos es un valor absoluto, que jamás debe utilizarse para lograr ningún otro objetivo», ha expresado la CEB, quien ha calificado de «irracional» e «inmoral» utilizar la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia «para desestabilizar las instituciones del país».
Es por ello que la Iglesia Católica boliviana ha exhortado a los dirigentes sindicales «a deponer actitudes de violencia, levantar los bloqueos y aceptar un diálogo sereno en búsqueda de soluciones».
«No pongan en peligro la salud y la vida de los bolivianos, de ustedes mismos y de sus familias, sirviendo a consignas políticas y reivindicando la realización de elecciones en medio de una subida acelerada de contagios y muerte de tantos compatriotas, además de agravar la ya difícil situación económica que vivimos», ha pedido.
REUNIONES FALLIDAS
Desde hace varios días, las principales vías de acceso a algunas zonas del país permanecen bloqueadas por organizaciones sociales y sindicales, así como por grupos afines al expresidente Morales como forma de protesta ante la negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de adelantar la celebración de las elecciones generales, fijadas finalmente para el 18 de octubre debido a la situación derivada de la pandemia de coronavirus.
En este sentido, y debido a las cifras de COVID-19 que las autoridades sanitarias reportan a diario en Bolivia, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su petición de que no se lleve a cabo movilización alguna para evitar eventuales contagios. La propia presidenta interina, Jeanine Áñez, pidió el domingo «reflexión» ante el riesgo de contraer el virus en estas concentraciones.
El anuncio de la CEB se produce después de varias reuniones, todas ellas infructuosas. La última, convocada este domingo por Áñez y a la que no acudió el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, el TSE decidió mantener la fecha de las elecciones para el 18 de octubre, argumentando es la única manera de proporcionar «mejores garantías de salud» en medio de la pandemia de coronavirus.
El MAS, por su parte, denuncia una táctica del nuevo oficialismo para impedir que Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las elecciones presidenciales.
«Nos preocupa la violencia, que se está agravando en el país entre diferentes grupos enfrentados y que pone en peligro la seguridad y la vida de la gente. El odio no es la solución a ningún problema. Condenamos toda violencia venga de donde venga», ha subrayado la Iglesia Católica.
La CEB ha recalcado también la autoridad del TSE para fijar la fecha de los comicios debido a «su imparcialidad» y ha apuntado que el resto de poderes «representan los intereses de los partidos políticos», por o que «no son quienes para decidir en los referente a la organización de las elecciones».
CRISIS POLÍTICA
La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar «irregularidades».
Morales dimitió y se exilió –primero a México y luego a Argentina–, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso –controlado por el MAS– señaló el 6 de septiembre, algo aceptado en un principio por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno, que insistía en aplazar aún más los comicios.
