La Fiscalía de El Salvador ha allanado este martes las instalaciones de la Asamblea Legislativa como parte de la investigación que está llevando a cabo por las supuestas contrataciones irregulares que habrían llevado a cabo algunos diputados, según denunció hace una semana el sindicato de la Cámara Legislativa.
Una decena de fiscales, cuenta el periódico salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’, ha ingresado en las oficinas de recursos humanos de la Asamblea Legislativa para revisar los al menos mil contratos que estarían en entredicho.
De acuerdo con el sindicato de la Asamblea (SITRAL) hay unas mil «plazas fantasma» ocupadas por una serie de personas que sólo han comenzado a acudir a sus puestos de trabajo cuando se dio la voz de alarma la semana pasada. Estas irregularidades implicarían a algunos diputados de todos los partidos presentes en la cámara.
«Vamos a recolectar toda la información que nos permitan establecer si hay personas contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga», ha explicado el jefe de esta unidad de la Fiscalía, Germán Arriaza.
Estas acusaciones han sido confirmadas por algunos diputados de ARENA, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y del Partido de Concertación Nacional (PCN), quienes reconocieron en los últimos días que ha habido personal contratado que no ha acudido a sus puestos de trabajo, pese a estar recibiendo su salario.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce –del PCN–, ha descartado que existan «plazas fantasma» y ha señalado que «la parte institucional no se mete en lo que tiene que ver con la contratación del personal» de los diputados.
«Es un derecho que tienen los grupos de contratar sus secretarías, sus ordenanzas, su personal de prensa, su personal administrativo y de servicios», ha afirmado Ponce ante los medios de comunicación.
