Ollanta Humala y Nadine Heredia
La Fiscalía de Perú ha solicitado este miércoles 36 meses de prisión preventiva para la exprimera dama del país Nadine Heredia (2011-2016), así como para el antiguo ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga (2014-2015), y el de Economía, Luis Miguel Castilla (2011-2014), por su supuesta implicación en el caso Gasoducto, en el cual la esposa del expresidente Ollante Humala habría ejercido como «funcionaria de facto» para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la obtención de contratos públicos.
La decisión de la fiscal jefe del equipo especial ‘Lava Jato’, Geovana Mori, se ha producido después del interrogatorio al que ha sido sometido el que fuera directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien ha detallado, entre otras cosas, cómo Heredia habría realizado gestiones en favor de la empresa brasileña.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Heredia y Humala estarían al frente de una trama en la que Mayorga y Castilla habrían participado «en perjuicio del patrimonio del Estado» para «promover las condiciones favorables para que determinados procesos de contratación se desarrollasen conforme a los objetivos de la organización».
Es por ello que la Fiscalía le imputa a Heredia los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
Así, y de acuerdo con estas informaciones publicadas por medios peruanos, Heredia también se habría servido para sus planes de otros antiguos ministros. Son los casos del de Energía y Minas, Jorge Merino (2011-2014), René Cornejo, el titular de Vivienda durante unos meses de 2014; y el de Transportes, Carlos Paredes (2011-2014).
No es la primera acusación sobre corrupción a la que tiene que hacer frente el matrimonio Humala-Heredia. El pasado febrero, la Fiscalía acusó a ambos de haber recibido unos 500.000 dólares en sobornos desde 2011 a cambio de contratos de obras públicas por parte de un consorcio de empresas, que desde 2001 habría estado corrompiendo a funcionarios públicos.
Asimismo, se presentó días después una serie de documentación en la que se reflejaba un desequilibrio patrimonial en las cuentas de Heredia de más de 300.000 dólares, dinero que podría proceder de Odebrecht para la financiación ilegal del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
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