La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención de los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, por la presunta irregularidad en la compra de agentes químicos para las fuerzas de seguridad, en el conocido como el ‘caso gases lacrimógenos’.
El Ministerio Público ha señalado que existen en ambos casos, «elementos de convicción suficientes» sobre la comisión de delitos, así como riesgo de fuga o de obstrucción de las investigaciones. Los dos exministros, que dejaron sus cargos a principios de noviembre, están acusados de un delito de uso indebido de influencias.
La Fiscalía ya había solicitado previamente a las autoridades migratorias que se impidiese la salida del país de los dos exministros, miembros del gabinete de la anterior presidenta del país, Jeanine Áñez, si bien no está claro cuál puede ser su paradero actual.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Alberto Aguilera, ha confirmado un registro en el domicilio de Murillo en Cochabamba, aunque en relación con las pesquisas sobre la desaparición de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales. «Lo que me indican es que (la casa) estaba vacía», ha explicado, según el diario ‘Página Siete’.
Las investigaciones sobre Murillo y López parten de una denuncia presentada en junio por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora en el Gobierno y, según la Fiscalía, los perjuicios económicos de la compra de los gases lacrimógenos podrían alcanzar los 2 millones de dólares.
