Jaime Granados, abogado del expresidente colombiano Álvaro Uribe, ha insistido este miércoles en la «absoluta» inocencia de su defendido, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia haya ordenado su arresto domiciliario por supuesto fraude procesal y soborno de testigos.
En un comunicado, Granados ha puntualizado que la decisión «injusta» de poner a Uribe bajo arresto domiciliario le ha causado una «profunda decepción» y ha criticado que el equipo legal se enteró «por conducto de un comunicado de prensa».
Así, ha señalado que Colombia «debe saber» que el expresidente «no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información».
«Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del presidente Álvaro Uribe», ha reiterado Granados, al tiempo que ha asegurado que seguirá trabajando «para que el país conozca cuanto antes toda la verdad y cese esta terrible injusticia».
El senador colombiano, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.
De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.
Por otra parte, ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.
EL ESTADO DE DERECHO EN COLOMBIA
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado este miércoles que la orden de detención domiciliaria contra Uribe es una prueba «clave» para «el imperio del Estado de Derecho» en Colombia.
«La detención domiciliaria de Uribe es la mayor prueba de fuego para el estado de derecho en Colombia en la última década», ha puntualizado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Así, ha pedido que el Gobierno del presidente, Iván Duque, y el Centro Democrático respeten la decisión y la independencia de la corte, además de garantizar que Uribe se defienda a través de mecanismos legales, «no con amenazas de reforma judicial y acusaciones de sesgo ideológico que no tienen ningún fundamento».
