Investigan el posible uso ilegal de los servicios de Inteligencia de Brasil en favor de un hijo de Bolsonaro

La Fiscalía General de Brasil ha comunicado este martes que ha solicitado a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) información sobre la supuesta colaboración que habrían mantenido con el senador por Río de Janeiro Flávio Bolsonaro en un intento por sacarle de un caso de corrupción.

Según un reportaje de la revista ‘Época’, los servicios de Inteligencia brasileña elaboraron al menos dos informes para orientar al hijo del presidente, Jair Bolsonaro, y a sus abogados sobre cómo deberían actuar para anular su presencia en el caso de corrupción conocido como las ‘rachadinhas’.

Las ‘rachadinhas’ son parte de una trama en la que los asesores, de manera irregular, daban parte de su salario público a sus superiores, durante su etapa como diputados en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro entre 2003 y 2019.

A finales de septiembre, la Fiscalía de Río de Janeiro presentó una denuncia en la que se asegura que Flávio habría utilizado al menos 2,7 millones de reales (410.000 euros) en efectivo de esta trama, en la cual los asesores nombrados por el hijo del presidente brasileño devolvían parte de su salario a un amigo íntimo de la familia Bolsonaro, Fabrício Queiroz, considerado el operador de la organización.

Algunos de estos asesores nunca llegaron a trabajar en la Asamblea de Río de Janeiro y son considerados por la Fiscalía como «trabajadores fantasma», cuyos sueldos le eran transferidos a Flávio a través de una chocolatería de la que es dueño, pagos en efectivo y transacciones inmobiliarias.

El fiscal general, Augusto Aras, ha calificado estas informaciones de «graves», pero ha matizado que todavía no disponen de pruebas, por lo que no pueden trabajan basándose en «narrativas», sino en hechos, cuenta la prensa brasileña.

«En realidad, ayer recibimos informes del diputado Marcelo Freixo (Partido Socialismo y Libertad) y de otros 50, pero no contenían elementos materiales, tan solo noticias de periódico. Lo que significa que la Fiscalía va a tener que hacer una investigación», ha adelantado Aras.

Esta presunta utilización de organismos públicos en favor de la familia del presidente brasileño ya generó una crisis de Gobierno el pasado mes de agosto, cuando el anterior ministro de Justicia, Sergio Moro, dejó su puesto al frente de esta cartera acusando a Bolsonaro de intentar injerir en la Policía Federal con nombramientos afines para proteger sus intereses familiares.

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