El Tribunal Supremo de Brasil ha anulado este jueves, de forma provisional, la medida del Gobierno de Jair Bolsonaro que revocaba las normas de protección de los manglares tropicales y otros ecosistemas costeros frágiles.
En su decisión, la jueza del Supremo Rosa Weber ha remarcado que la determinación del Gobierno «vulnera principios básicos de la Constitución por no asegurar el derecho fundamental al medio ambiente e incumplir los compromisos internacionales de carácter supralegal asumidos por Brasil».
Así, ha citado la Convención sobre las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, que Brasil firmó en 1971 y que obliga al Estado brasileño a proteger zonas pantanosas, en especial las que sirven de hábitat para especies migratorias.
Weber ha alertado, además, de la política medioambiental del actual Gobierno, al decir que el «ímpetu, a veces legítimo, de simplificar el derecho ambiental a través de la desregulación no puede darse pagando el precio del retroceso en la protección del bien jurídico».
La decisión de eliminar la protección a estos biomas fue tomada el pasado 28 de septiembre por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), un órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, que tras varios cambios internos pasó a estar controlado mayoritariamente por ministerios y miembros del Gobierno.
La medida generó fuertes críticas de ecologistas y llegó a ser suspendida por la Justicia Federal de Río de Janeiro al día siguiente, aunque poco después, una corte de apelación anuló la suspensión y la revocación volvió a ser válida.
Tras ese vaivén judicial, dos partidos de la oposición, Rede Sustentabilidade y el Partido Socialista Brasileño (PSB) recurrieron al Tribunal Supremo Federal, cuya decisión es ahora provisional: el pleno de la corte deberá tomar la decisión definitiva, pero no hay fecha aún para ello.
