El reciente anuncio de la vuelta a las armas de un grupo de disidentes de las FARC en Colombia, hecho público por su dirigente Iván Márquez el 29 de agosto, supone un grave retroceso no sólo político, sino social y humanitario, en la situación de cientos de miles de personas en los territorios que durante 50 años han estado afectados por la violencia generada por un conflicto que se recrudece sólo tres años después de la firma del acuerdo de paz en el país. Alianza por la Solidaridad, organización que lleva más de 20 años trabajando con las víctimas del conflicto en los territorios afectados, manifiesta su apoyo y compromiso con los contenidos del acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016, dado que son la principal oportunidad para garantizar los derechos humanos de los grupos más vulnerables de Colombia y para promover su desarrollo.
La organización ha comprobado en estos años cómo la implementación del acuerdo ha sufrido innumerables obstáculos y dificultades, así como que en algunos de sus elementos esenciales apenas se han registrado avances e incluso ha habido retrocesos. A destacar, el aumento de la violencia social: sólo entre mayo de 2018 y mayo de 2019 han sido asesinados 196 líderes sociales en Colombia, según datos de la Defensoría del Pueblo. En total, desde que se firmó la paz, serían 462 según esta misma fuente, incluyendo a excombatientes, una situación que ya ha sido denunciada por Naciones Unidas y otras fuentes aumentan hasta los 800.
Ya el pasado mes de julio, varias organizaciones sociales del departamento del Cauca, uno de los departamentos en los que trabaja Alianza, habían pedido a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación que protegieran a sus comunidades ante el incremento de amenazas por parte de grupos ilegales para que abandonen sus territorios, después de tres años sin que la presencia del Estado haya aumentado. De hecho, el 50% de los asesinados han sido líderes comunitarios amenazados por estos grupos, personas que exigían la salida de las bandas ligadas con el narcotráfico o la minería, que buscaban la restitución de sus tierras o afectados por grandes megaproyectos.
A pesar de estos retrasos y deficiencias, desde Alianza por la Solidaridad en Colombia se considera que la única opción razonable es la de impulsar la completa realización de las medidas aprobadas en los acuerdos de paz, sinincorporar elementos que contribuyan a generar incertidumbre o desvirtúen sus principales propuestas. En este sentido, el retorno a las armas del grupo disidente constituye una amenaza para el acuerdo y establece un escenario donde las posiciones extremas contra ese acuerdo tienden a verse reforzadas.
Los líderes indígenas piden a la comunidad internacional y los países garantes que se pronuncien sobre la crisis humanitaria que vive Colombia, en especial los pueblos indígenas, así como retomar los diálogos con todos los alzados en armas para generar un acuerdo unilateral y dar vía libres a la construcción de la paz territorial.
«Desde las comunidades en las que trabajamos en Cauca, Valle del Cauca y Nariño nos transmiten su preocupación por este nuevo escenario. Su situación no ha mejorado en estos tres años de paz, la violencia sigue estando presente en sus vidas y se temen que a partir de ahora aún empeore más. Se sienten abandonados. Por ello, el esfuerzo para evitar que se trunque el proceso de paz debe implicar a la comunidad internacional. Alianza por la Solidaridad seguirá estando, como organización española, presente en los territorios para apoyarles en el desarrollo de un futuro en paz, por encima de intereses políticos, económicos o criminales ajenos a los intereses de la población de estas zonas», ha señalado Ana Rosa Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad.
