El Gobierno de Colombia ha anunciado este lunes que adoptará el listado de grupos terroristas utilizado por Estados Unidos y la Unión Europea, en el cual ya no están presentes las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras convertirse en fuerza política. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha explicado que el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido unirse a estas listas porque el objetivo es «mejorar la cooperación internacional y profundizar en el intercambio de información», así como en «la detención oportuna y temprana» de todas aquellas personas que estén siendo buscadas por las instituciones de seguridad mundial.
En este sentido, y puesto que Estados Unidos dejó de considerar a las FARC como grupo terrorista, el Gobierno de Colombia adopta por lo tanto la misma premisa, después de que la antigua guerrilla dejase las armas para unirse a la vida política como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
El grupo armado colombiano que sí está en estas listas es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien el Gobierno de Duque canceló las negociaciones de paz que estaban llevando a cabo en La Habana tras el atentado de la guerrilla a una escuela de cadetes de la Policía hace un año.
Duque ha confirmado que en Colombia y en América Latina además del ELN, o el peruano Sendero Luminoso, existe «la presencia de grupos terroristas como Hezbolá, que constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacional», tal y como se ha podido leer en el diario colombiano ‘El Espectador’.
Así, durante la celebración de la III Conferencia Ministerial de Lucha contra el Terrorismo, en la que estuvieron presentes representantes de hasta 13 países, se ha acordado que el ELN es «una amenaza a la estabilidad de la región», que puede beneficiarse de las «situaciones de debilidad institucional» para «potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región».
El Gobierno también ha hecho referencia al compromiso del Estado colombiano para trabajar de manera común y urgente con el fin de «prevenir y reprimir los actos de terrorismo, cumpliendo plenamente las convenciones internacionales», de acuerdo con una resolución del año 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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