El Gobierno de Áñez demanda a Morales por un delito de «genocidio» por las últimas protestas en Bolivia

El ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, ha confirmado este domingo de manera formal una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por delitos de «genocidio» y «terrorismo» por estar detrás de las movilizaciones y los bloqueos que en las últimas semanas se han producido en las vías de acceso a algunos puntos de la geografía boliviana.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de La Paz señala también al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a las elecciones presidenciales, Luis Arce, y su compañero de fórmula, el otrora ministro de Asuntos de Exteriores en el Gobierno de Morales, David Choquehuanca.

«Hemos presentado una denuncia en contra de estas personas, por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, los servicios básicos, destrucción del ornato público y, además, delitos contra el medio ambiente, porque se han intentado incendiar parques nacionales, e instigación publica a delinquir», ha enumerado Coimbra.

«No se equivoque, dictador Evo Morales, nadie le cree sus discursos, nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución y la ley, nosotros no huimos ni renunciamos, no somos cobardes, vamos a defender a los bolivianos», ha añadido Coimbra posteriormente en su cuenta oficial de Twitter.

Entre los señalados también se encuentran el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y los dirigentes del MAS en el trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.

La semana pasada el Gobierno ya había anunciado que presentaría una demanda contra Morales y otros dirigentes del MAS a los que acusa de ser responsables de al menos una treintena de muertes relacionadas con los disturbios y los enfrentamientos registrados en los últimos días producto de las movilizaciones y bloqueos.

Por su parte, las organizaciones sociales ya habían avanzado la semana pasada su intención de llevar a cabo bloqueos si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no daba marcha atrás en su decisión de aplazar los comicios, esta vez previstos para el 18 de octubre debido a la situación derivada de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, y debido a las cifras de COVID-19 que las autoridades sanitarias reportan a diario en Bolivia, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su petición de que no se lleve a cabo movilización alguna para evitar eventuales contagios. La propia presidenta interina, Jeanine Áñez, pidió el domingo «reflexión» ante el riesgo de contraer el virus en estas concentraciones.

Sin embargo, tras varias reuniones, la última convocada este domingo por Áñez, a la que no acudió el MAS, el TSE ha decidido mantener la fecha de las elecciones, pospuestas hasta el 18 de octubre, argumentando es la única manera de proporcionar «mejores garantías de salud» en medio de la pandemia de coronavirus.

El MAS, por su parte, denuncia una táctica del nuevo oficialismo para impedir que Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las elecciones presidenciales.

CRISIS POLÍTICA

La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar «irregularidades».

Morales dimitió y se exilió –primero a México y luego a Argentina–, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.

Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso –controlado por el MAS– señaló el 6 de septiembre, algo aceptado en un principio por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno, que insistía en aplazar aún más los comicios.

Acceda a la versión completa del contenido